Las autonomías se lanzan al mercado

Las comunidades autónomas españolas financian más de la mitad de su deuda con emisiones de renta fija. A pesar de que su volumen está lejos de alcanzar el de la deuda pública, los inversores acogen con entusiasmo este tipo de activos, dado lo limitado de la oferta. Alemanes, franceses y británicos son los principales compradores de deuda autonómica y municipal.

El año pasado seis comunidades autónomas emitieron títulos de renta fija con vencimientos de entre 5 y 30 años

Aunque muchos inversores no lo sepan, en algún momento pueden haber tenido en su cartera, aunque sea por un breve tiempo, obligaciones de la comunidad autónoma de Galicia, Madrid, Baleares, Cataluña o Valencia. O bien del Cabildo de las Islas Canarias o del Territorio Histórico de Vizcaya o de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Aranjuez o Málaga. Si en algún momento han invertido en 'repo' (compra de instrumentos de renta fija y venta posterior a muy breve plazo, normalmente al cabo de unos días) es muy probable que el activo subyacente pertenezca a una emisión de deuda autonómica, provincial o municipal.

Los 'repo' son uno de los destinos de un tipo de activos que, si bien están a años luz de la deuda pública por volumen y popularidad, son interesantes por su escasez y por su mejor rentabilidad que los títulos del Estado. A finales del tercer trimestre de 2005, según el Banco de España, el saldo de la deuda emitida por las comunidades autónomas sumaba 28.036 millones, lo que suponía el 52% del endeudamiento de los gobiernos locales. El volumen de préstamos era de 25.738 millones. A esa fecha la deuda de la administración central sumaba 310.400 millones, equivalente al 80% del endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas (administración central, comunidades autónomas, corporaciones locales y Seguridad Social). A septiembre de 2005, la deuda pública sumaba 294.060 millones.

Acogida en los mercados

Según José Luis Carranza, director de Originación de Mercados de Capitales de Calyon, la mayor parte de los inversores en deuda pública local son alemanes, franceses y británicos. Según sus cálculos, apenas un 10% del volumen total se queda en España.

Durante 2005, seis comunidades emitieron títulos de renta fija con vencimientos entre 5 y 30 años. La respuesta de los mercados no pudo ser más generosa y la demanda superó la oferta, incluso en los vencimientos más largos. Ese año, la Comunidad Balear regresó a los mercados de capitales tras varios años de ausencia. Con todo, señala Javier Lafarga, responsable de intermediación de renta fija de Morgan Stanley, la deuda autonómica y municipal no suele ser la preferida de los inversores institucionales. "Prefieren activos con más liquidez, como la deuda del Estado", indica. "Normalmente les puede atraer en el momento de la emisión, pero luego se van desprendiendo de él", añade. El volumen medio de las emisiones suele ser de 200 millones. El año pasado, Valencia y Cataluña realizaron emisiones extraordinariamente voluminosas. La primera, por un importe de 750 millones de euros, que luego se amplió en otros 250. Cataluña puso en circulación una emisión de 600 millones de euros, que también se complementó con otra de 400 millones de euros.

Según la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's, la calidad del crédito de las emisiones de las comunidades mantuvo su solidez en 2005. Los rating a largo plazo oscilan entre el AA+ y el AA-, como reflejo "de la robusta evolución presupuestaria, la moderación de la deuda y el respaldo de un sistema financiero relativamente estable", según la firma.

En general, la firma de calificación mejoró en 2005 su valoración de la deuda de las comunidades autónomas. Tres de ellas, País Vasco, Madrid y Aragón, subieron de nota, mientras que Andalucía pasó a situación de revisión con "perspectivas positivas", según la jerga de Standard & Poor's.

Por el contrario, la Comunidad Balear se mantuvo en "perspectivas negativas", situación en la que se mantiene desde finales de 2004, a raíz del estrechamiento de sus márgenes financieros y del aumento de su endeudamiento. Esta comunidad presentó un plan económico y financiero a finales de 2005, mediante el cual prevé regresar al equilibrio presupuestario al cierre de 2008. Otras seis comunidades (Cataluña, Valencia, Canarias, Galicia, y las dos Castilla) han presentado planes similares al haber registrado déficit equivalentes a más del 0,049% del PIB nacional, bien en 2004 o, a falta de datos definitivos, de acuerdo con lo presupuestado para 2005. Standard & Poor's cree que todas están en condiciones de cumplir sus programas y abandonar los números rojos.

Tres factores van a marcar en 2006 la evolución financiera de las comunidades. El primero, la reforma de la financiación sanitaria aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El segundo, la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y, por supuesto, el resultado final de la reforma de los sistemas de financiación de las distintas comunidades.

El primer factor será positivo para las comunidades porque aliviará su carga financiera en materia sanitaria. El segundo pretende dar a los gobiernos regionales más margen para incurrir en déficit, aunque sólo si se dan ciertas circunstancias y de forma limitada en tiempo e importe. En cuanto al tercer aspecto se ha creado un grupo de trabajo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El nuevo marco de financiación autonómica se debatirá rn 2006 y se espera un acuerdo sobre el mismo en 2007. Aunque no entrará en vigor, presumiblemente, hasta 2008.

Mientras la preferencia de las comunidades por los mercados de capitales se ha mantenido estable en lo últimos cinco años, los municipios son más reacios. Su financiación por esta vía sólo sumaba 2.167 millones a finales del tercer trimestre de 2005, un 9% de la deuda total de estas entidades. Este porcentaje ha ido disminuyendo en los últimos años porque los ayuntamientos prefieren la financiación bancaria. A la misma fecha, deberían 22.542 millones a la banca. A ello han contribuido los bajos tipos de interés y el laborioso y oneroso proceso que implica lanzar una emisión de valores .