Batasuna garantiza al PSE el proceso de paz

Representantes de la ilegalizada Batasuna han transmitido a dirigentes del PSE que el posible ingreso en prisión, mañana, de su líder Arnaldo Otegi, o incluso el del secretario general de LAB, Rafael Díez Usabiaga, citado en la Audiencia Nacional para el jueves, pueden complicar de "forma grave" el inicio del esperado proceso de paz en Euskadi, pero "no lo arruinarán". El Gobierno insiste, por su parte, en que la pelota está en el tejado de la izquierda abertzale y en que ETA debe facilitar la apertura del proceso con la declaración del cese de la violencia

Medios próximos a Otegi manifestaban ayer la "perplejidad" del líder de Batasuna al conocer la decisión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de que mañana va a proponer su ingreso en prisión por convocar una huelga general el pasado jueves en Euskadi en protesta por la muerte de dos presos de ETA en la cárcel, saldada con la explosión de tres bombas de la banda.

Otegi, según recordaban ayer fuentes próximas al líder de la ilegalizada Batasuna, ha sido el "interlocutor principal" del Partido Socialista de Euskadi (PSE) y de otros partidos vascos en el diálogo político previo al proceso de paz en Euskadi, y mantiene conversaciones con regularidad y desde hace algunos años con el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, con el objetivo de que arranque el proceso de paz en Euskadi.

Precisamente, según fuentes de la izquierda abertzale, la causa por la que el proceso de paz "puede complicarse" radica en que las bases de Batasuna no entienden que un líder como Otegi, que apuesta por "encauzar la violencia por vías políticas", acabe ingresando en la cárcel, precisamente "cuando puede acercarse el inicio del proceso" . "No sucede en ningún lugar del mundo que un líder que apuesta por la paz acabe en la cárcel", añaden las fuentes.

Cumplimiento de la ley

El Gobierno pone el acento, sin embargo, en el acatamiento a las decisiones judiciales. "El ingreso en prisión de Otegi puede ser políticamente inoportuno, pero el cumplimiento de la ley es prioritario. En una democracia como España, el poder judicial es independiente del poder del Gobierno. Eso debe aprenderlo Otegi, que debe medir las consecuencias de sus actos", señalaban ayer fuentes socialistas.

Otegi está en libertad bajo fianza, procesado en tres sumarios por colaboración con ETA, y mañana declarará por la conferencia de prensa celebrada la pasada semana en San Sebastián (Guipúzcoa), en la que convocó la huelga general del jueves en Euskadi, en la que ETA hizo explotar varias bombas. Algunas fuentes recuerdan el antecedente del secretario general de LAB, Rafael Díez Usabiaga, que en septiembre compareció ante el juez de la Audiencia Nacional para declarar y salió en libertad.

Otras fuentes son más pesimistas y creen que el clima político es ahora "más desfavorable" que entonces por la "enorme presión política" que el PP viene ejerciendo en los últimos meses, con continuas críticas a la actuación de la Fiscalía General del Estado, que empezaron antes de las elecciones vascas, y a la que reprochan no haber promovido la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), al que pidió el voto la ilegalizada Batasuna.

El PP también ha tensado el clima político con sus ataques continuos a la politica antiterrorista del Gobierno, que ha llevado incluso a la calle con el apoyo a las movilizaciones convocadas por la Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT), representante de una parte de las víctimas.

Al margen de la decisión que mañana adopte el poder judicial, el Gobierno cree que ETA debe dar, de una vez, el paso de la declaración del final de la violencia que abra el camino del proceso de paz en Euskadi. Fuentes socialistas estiman que "no hay motivo" para que ETA no dé ese paso y esperan que lo haga "más pronto que tarde", aunque temen que estos últimos acontecimientos -la muerte de los dos presos en la cárcel, la huelga general de protesta y las consecuencias de la misma- lo retrasen. Las fuentes socialistas consultadas creen, también, que la apertura del proceso de paz "no está cuestionada por nadie" y que "se llevará adelante".

El Gobierno insiste en que mientras ETA no declare el cese de la violencia no es posible abrir el escenario que encauce el proceso de paz. "Las instituciones del Estado -jueces, fiscales, policías, etcétera- responden hoy a un esquema heredado de la última etapa de asesinatos de ETA, de 2000 a 2003, que dio lugar al Pacto Antiterrorista, la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna".

Paralelamente, la resolución que el Congreso aprobó en mayo, que abre el nuevo escenario que regulará el proceso de paz, sólo puede activarse con dicha declaración de ETA. "A partir de esa decisión de ETA, no sólo se abre la vía del diálogo del Gobierno con ella.También se podrían adaptar las instituciones democráticas al nuevo escenario y al nuevo clima creado", señalan fuentes gubernamentales.

El Gobierno sigue pensando que, en ese momento, es fundamental que el PP participe, con los demás partidos que ya lo han anunciado, en el proceso de paz. "Para que la maquinaria del Estado funcione en un proceso de paz complejo, para que los fiscales, jueces, policías o medios de comunicación se impliquen en él es fundamental que el primer partido de la oposición dé su apoyo. Así sucedió en las conversaciones del Gobierno de Felipe González con ETA en Argel, en 1989, y en Suiza, en 1999, con el Gobierno de José María Aznar", señalan fuentes gubernamentales.

"Ahora el PP lo está obstaculizando, pero no es menos cierto que ETA, aunque no mata desde hace más de mil días, sigue con su actividad y Batasuna no condena sus actuaciones", señalan las mismas fuentes consultadas.