¿A qué tanto miedo a la descentralización?

Cuando se inició la construcción del Estado de las Autonomías tras la entrada en vigor de la Constitución, e incluso antes, fueron muchas las voces y las plumas que se alzaron para denunciar las innumerables consecuencias perjudiciales que la descentralización del Estado tendría para nuestra convivencia. El desmentido de la realidad no ha podido ser más contundente. El Estado de las Autonomías ha sido no solamente el Estado más legítimo, sino también el Estado más eficaz que hemos tenido en nuestra historia. El Estado unitario no ha sido en España nunca ni legítimo ni eficaz. Ha sido un Estado enormemente autoritario y represivo, con una tendencia irrefrenable a la militarización del orden público, con una utilización recurrente de los Estados de excepción y sitio y una expansión más que notable de la jurisdicción militar. Y además, ha sido un Estado extraordinariamente ineficaz. No ha habido jamás una edad de oro del Estado unitario y centralista respecto de la cual hayamos ido degenerando. Todo lo contrario. Gracias a la descentralización política, en mayor medida que a ninguna otra causa, el Estado español ha dejado de ser considerado por los ciudadanos como una amenaza para el ejercicio de sus derechos fundamentales y libertades públicas y hemos gozado de la única época prolongada en nuestra historia contemporánea en la que no se ha producido la suspensión de la Constitución ni un solo minuto en ningún metro cuadrado del territorio nacional. Y todo ello en medio de una presión terrorista de una intensidad extraordinaria.

La historia se repite. En este momento estamos asistiendo a los procesos de reforma de los Estatutos de autonomía, a través de los cuales se pretende actualizar el contenido y alcance del ejercicio del derecho a la autonomía tal como quedó concretado en los procesos estatuyentes originarios, y nuevamente se alzan las voces agoreras que anuncian el fin del Estado. Incluso Ignacio Sotelo, que, en un artículo publicado el domingo pasado, reconocía que estos últimos 30 años habían sido los mejores de la España contemporánea, concluía dicho artículo manifestando su temor a que la generalización de la autonomía catalana al resto conduciría a la inviabilidad del Estado español.

¿Por qué? ¿Con base en qué evidencia empírica puede llegarse a esa conclusión? Con ninguna. La extensión del contenido y alcance de la autonomía catalana y vasca a Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias entre 1982 y 1983 con base en los Pactos Autonómicos de 1981 suscritos por el Gobierno de UCD y el PSOE y a todas las demás comunidades autónomas a partir de 1992 con base en los Pactos Autonómicos suscritos por el Gobierno del PSOE y el PP en ese mismo año, no ha afectado negativamente al Estado y la sociedad españoles, sino todo lo contrario. Jamás en toda nuestra historia hemos ejercido los ciudadanos los derechos con la amplitud con la que lo hemos hecho durante estos años, y jamás se han prestado los servicios públicos con la eficacia con que lo han hecho en este periodo.

El alcance de la descentralización que se va a producir como consecuencia de la reforma de los estatutos de autonomía es incomparablemente menor que la que se produjo con la aprobación de los estatutos originarios tras la aprobación de los Pactos Autonómicos del 81 y 92. Si la primera descentralización ha sido tan extraordinariamente positiva, ¿por qué no va a serlo la segunda? Si careciendo de experiencia previa, hemos sido capaces de poner en pie un Estado, que goza del apoyo de más del 70% de la ciudadanía y de cuya eficacia nadie duda, ¿por qué no vamos a ser capaces de continuar haciéndolo después de una experiencia de más de dos décadas? La igualdad en el ejercicio del derecho a la autonomía ha sido el motor del Estado autonómico. ¿Por qué no seguir haciendo uso de la misma?