Puerta valenciana

La aprobación ayer en el Senado de la reforma del Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana, con los votos favorables de PSOE, PP y Coalición Canaria, es el resultado del primer gran pacto de Estado sobre las reformas territoriales. Ello ha sido posible, pese al agrio enfrentamiento general entre PP y PSOE, gracias a la tenacidad del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, apoyado por Mariano Rajoy, y a la generosidad del secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, quien supeditó los intereses partidistas a los generales.

Pero ese mismo acuerdo revela la artificiosidad de otros desacuerdos. Hay en la reforma valenciana puntos coincidentes con la catalana que el PP acepta en la primera y rechaza en la segunda, sin que explique la razón. Así, ambos estatutos contienen un similar catálogo de derechos sociales, y ambos contemplan agencias tributarias consorciadas con parecidas competencias. La diferente actitud del PP en Valencia puede interpretarse como prueba de la existencia de contradicciones en dicho partido, pero también como una consecuencia de la abierta disponibilidad al acuerdo mostrada desde el comienzo por los socialistas valencianos.

El PSPV trató de incorporar al consenso a IU y las minorías nacionalistas, pero no al precio de comprometer el acuerdo con el PP. Las objeciones de esos partidos minoritarios sobre cuestiones objetivamente menores -la denominación del valenciano y el tope mínimo para obtener representación parlamentaria- no debería oscurecer la evidencia de que el nuevo texto supone un notable avance en materia de autogobierno respecto al de 1982. Introduce la facultad del presidente de la Generalitat para disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas, igualándose así al País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía; amplía las competencias sobre enseñanza, recupera el derecho civil valenciano, reivindica la foralidad y permite la existencia de una policía integral.

El acuerdo valenciano marca la pauta, por otro lado, para los procesos abiertos en otras comunidades, y en primer lugar en Andalucía, cuyo presidente, Manuel Chaves, ha obtenido el compromiso del popular Javier Arenas con la reforma, como ya ocurre en Galicia. Más allá de los discursos, la dinámica real impone la paulatina incorporación del PP a la reforma en las comunidades en que no gobierna, y la adopción de la iniciativa en las que sí, como Baleares, donde la comisión de expertos nombrada por el Gobierno balear ya ha ultimado su borrador, en el que se define, con apoyo de todos los grupos, a Baleares como "nacionalidad histórica".