El 'tsunami' energético

El día de Año Nuevo, media Europa se despertó tiritando de frío por la reducción del suministro de gas ruso decidida por Putin. A la batalla iniciada con la OPA de Gas Natural sobre Endesa se han ido añadiendo grandes maniobras en el sector energético con la entrada de E.ON en la puja, el intento de ENEL de adquirir Gaz de France, el matrimonio de interés de ésta, privatizada de golpe, con Suez y lo que está por venir. Allende el Atlántico, el presidente Bush ha tenido que reconocer en el discurso del Estado de la Unión que la economía de Estados Unidos es "adicta al petróleo", cuando él y su equipo de petroleros en la Casa Blanca habían diseñado su diplomacia global a partir del mapa de reservas de crudo en todo el mundo, con el brillante resultado de ponerlo a unos precios que están representando un auténtico Plan Marshall para países como Irán, Venezuela, Arabia Saudí Guinea Ecuatorial o el desastre de Irak. Para completar el panorama, China y la India han entrado con fuerza en el mercado de aprovisionamiento.

Este auténtico tsunami plantea una situación de emergencia a la Unión Europea y a España como parte de ella. En primer lugar, por su enorme grado de dependencia de todo tipo de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas e incluso uranio), frente al que no existe una política energética común. De momento, lo que está en marcha es la liberalización del mercado energético acordada en la Cumbre de Barcelona de 2002 (el 1 de julio de 2004 para las empresas y de 2007 para los particulares), pero no existe una política comunitaria como tal. Británicos y holandeses quieren controlar el 100% de sus hidrocarburos; los franceses defienden su monopolio de Estado y su energía nuclear; alemanes, austriacos e italianos quieren la electricidad, pero con las centrales atómicas en casa del vecino. La tarea presenta, pues, múltiples dificultades: la primera es que no se trata de una competencia exclusiva de la Comunidad, sino que es compartida (incluso en la Constitución), lo que significa que tiene que ser hecha por la Comisión con los Estados miembros. Por eso, el presidente Barroso haría bien en concentrarse en elaborar esta política más que en encontrar el fácil mecanismo de regañar a los Estados miembros por sus reacciones nacionalistas. Si las tienen, lo que debe hacer como responsable europeo es preparar el antídoto comunitario en forma de respuestas operativas y ágiles. De momento, lo que se ofrece es un libro blanco, es decir, un resumen de todo lo existente con una invitación a que los demás pongan las ideas. Si de verdad se trata de un tsunami, no hay que copiar al rey Canuto, que, sin saber nadar, ordenó en la playa que la marea se detuviera.

Otra dimensión básica que se ignora en este proceso es que no es sólo una cuestión de mercado que interesa a accionistas o inversores. Los prestadores -que no prestatarios- de los servicios de agua, gas y electricidad son empresas de servicio público, lo que en Latinoamérica denominan utilidades (del inglés utilities). La liberalización tiene todo su sentido para beneficiar a los usuarios, rompiendo con los monopolios nacionales, en parte naturales por basarse en redes y en la imposibilidad de optar. Una empresa puede hacer autogeneración; un usuario urbano, instalar una placa solar, pero lo tiene muy difícil para cambiar de proveedor. La lógica del Gobierno socialista español de crear la Red Eléctrica nacional en 1985 fue un sustancial paso para romper con los monopolios internos. En el caso europeo, la liberalización no se hizo partiendo todos de la misma línea de salida; en 2002, Roma y Madrid no reaccionaron ante la resolución del Tribunal de Justicia, el cual falló cuando trataban de frenar la expansión europea de Électricité de France sin contrapartida. La fusión que condujo a E.ON en Alemania se blindó, en contra del criterio de su propio organismo de defensa de la competencia (Budeskartellamt), lo cual plantea una cuestión clave no tanto de solidaridad como de reciprocidad. Ahora, las empresas eléctricas y gasistas que trabajan con mercados casi cautivos y tarifas en porcentaje de los precios han salido de compras con la cartera repleta buscando su futuro, al tiempo que para sobrevivir necesitan integrarse verticalmente (gas-electricidad) y asegurarse fuentes de aprovisionamiento.

El tema afecta a todos los usuarios y a la ciudadanía en general, al ser empresas que prestan servicios públicos; en este caso, los denominados servicios de interés económico general, los alemanes tienen una bella expresión para denominarlos -daseinvorsorge- como procura o preocupación existencial, lo cual se comprende en el caso del agua, el gas o la electricidad. Este tema estuvo en el corazón del debate de la Convención constituyente entre opciones políticas y en este momento está pendiente en la elaboración de la directiva de servicios (ex Bolkestein, ahora Gephardt). Es significativo que el acuerdo transaccional entre socialistas y populares europeos que ha permitido desbloquear la directiva haya dejado fuera estos servicios sobre los que de momento no hay acuerdo, por lo que se ha optado por remitirlo a una futura directiva. La mayoría de populares y liberales consideran que deben ser sometidos sólo al mercado, mientras que socialistas, verdes y otros pensamos que deben tener una regulación conforme con el interés general. Y en este punto clave la Comisión Europea no ha hecho todavía sus deberes, con el consiguiente peligro de acusar a los demás para ocultar sus carencias.

La consideración de servicio público implica responsabilidades claras para los Gobiernos. Así, el Gobierno español debe garantizar que la población pueda ser atendida de manera igualitaria, lo que requiere inversiones y costes no siempre rentables a corto plazo (los ejemplos de los apagones catalán y canarios son aleccionadores como el californiano o ENRON en EE UU), incluidos los archipiélagos balear y canario; controlar las centrales nucleares y el almacenamiento de residuos, el carbón o asegurar el cumplimiento de los compromisos de Kioto, además de impedir prácticas abusivas. Por eso es importante disponer de un pilar propio para edificar conjuntamente el sistema europeo. El ejemplo de la Unión Monetaria puede ser instructivo: no se ha eliminado el Banco de España, sino que ha pasado a formar parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales; los bancos privados que prestan sus servicios deben ajustarse a las normas decididas por este sistema con el Banco Central Europeo.

La elaboración de una política energética europea es, pues, una necesidad urgente, que requiere además de las condiciones expuestas en relación con los ciudadanos, la introducción de la competencia en la prestación del servicio y consideraciones de política exterior, seguridad estratégica y defensa en el aprovisionamiento. Para comprenderlo, basta con ver dónde se encuentra la mayoría de las reservas de petróleo y gas en el mundo. Ésta es la respuesta que debemos dar los españoles con el resto de los europeos al tsunami energético, la otra es acabar como el rey Canuto.

Enrique Barón Crespo es presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo.