La gran coalición alemana pone en marcha una profunda reforma del sistema federal

El Gobierno de la gran coalición entre democristianos (CDU / CSU) y socialdemócratas (SPD), los primeros ministros de los 16 Estados federados y los grupos parlamentarios de los partidos que apoyan al Ejecutivo pusieron ayer en marcha, una vez más, un intento de reforma del sistema federal alemán. El Legislativo -el Parlamento Federal (Bundestag) y el Consejo Federal (Bundesrat), donde están representados los Estados federados-, examinarán el viernes un paquete legislativo que supone la mayor reforma constitucional en Alemania desde la creación de la nueva república en 1949.

El federalismo es una de las señas de identidad de la Alemania democrática surgida de la II Guerra Mundial. Hasta tal punto que forma parte del nombre oficial: República Federal de Alemania. No fue ese federalismo una aspiración de los alemanes, lo impusieron más bien los aliados que no querían el resurgir de un Estado centralizado. Durante años, el federalismo de la República de Bonn fue motivo de orgullo e incluso modelo de exportación. Pero con el tiempo se ha convertido en una rémora para el Gobierno y para el funcionamiento del país en tiempos que exigen una respuesta rápida a los desafíos de un mundo globalizado.

La mayoría de las leyes alemanas requieren la aprobación de ambas cámaras, la del Bundestag y la del Bundesrat, que con frecuencia tienen mayorías diferentes. Esto desencadena un proceloso trámite legislativo, sobre todo cuando frente a una mayoría del Gobierno en el Bundestag se opone otra de signo contrario en el Bundesrat. El canciller democristiano Helmut Kohl (CDU) tuvo que enfrentarse a un Bundesrat en el que el SPD tenía mayoría. Lo mismo le ocurrió a Schröder (SPD), que tuvo que gobernar contra una mayoría de la oposición en el Bundesrat.

En los primeros años de la República esto no era un problema porque sólo un 10% de las leyes requerían la doble aprobación. Pero la situación ha cambiado, pues ahora más de un 60% de las leyes exigen el apoyo del Bundestag y del Bundesrat. Para solucionar el bloqueo, se reunió hace algo más de un año una comisión en la que participaban los pesos pesados de los grandes partidos. Por tratarse de una reforma constitucional, su aprobación requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.

Tras más de un año de reuniones, se constató el fracaso del intento. Ahora, la gran coalición, que cuenta con una mayoría de dos tercios en las dos cámaras, ha puesto en marcha una reforma que se ha convertido en la piedra de toque de la salud del Gobierno. El objetivo de la reforma, que afecta a 40 puntos de la Constitución, es reducir el número de leyes que requieren la doble aprobación. Se trata de que el actual 60% baje del 40%. Para ello, el Gobierno y los Estados federados deberán definir su jurisdicción. Estos últimos tendrán más capacidad para legislar, pero renunciarán a competencias en favor del Gobierno federal.

La reforma constitucional podría estar lista para el verano, según los cálculos más optimistas. De momento, la reforma excluye lo más difícil: la financiación y el reparto de fondos entre el Gobierno federal y los Estados federados. Además de esta cuestión hay otros puntos de fricción potencial. En educación, por ejemplo, el Gobierno federal renuncia a competencias importantes en un tiempo en que Alemania queda en mal lugar en los exámenes del denominado informe PISA y se registran fuertes diferencias de unos Estados a otros. Los asuntos de medio ambiente, que se entregan a los Estados federados, también son problemáticos. Y hace menos de una semana el ministro federal de Agricultura, el socialcristiano Horst Seehofer (CSU), se lamentaba del exceso de competencias de los Estados y los ayuntamientos como un obstáculo en la lucha contra la gripe aviar. El paso del sistema penitenciario a la competencia de los Estados también es motivo de crítica. Se teme que esto puede originar un trato diferente a los presos, según el signo político del Gobierno de cada Estado federado. Otro punto es el régimen de retribución de los funcionarios que hasta ahora estaba en manos del Gobierno federal. Con la posibilidad de salarios diferentes se teme que los Estados más ricos puedan contratar a los mejores funcionarios.

La canciller democristiana, Angela Merkel, se mostró ayer satisfecha porque considera que la rapidez es muy importante en el siglo actual: "Necesitamos decisiones más rápidas". Según Merkel, esto es más favorable también para los ciudadanos que conocerán con claridad quién tiene la responsabilidad. Para Merkel, sólo una gran coalición está en condiciones de llevar adelante la reforma.