Pararle la excavadora al PP

Hay que pararle los pies y la excavadora al PP, pero de una vez y sin esas contemplaciones que se gasta la oposición, con un poder poco dado a la cortesía y mucho a la mayoría absoluta. Hay que interceptar y detener el desmantelamiento sistemático, desorbitado y caprichoso de la ciudad, de muchas otras ciudades y pueblos. Hay que impedir la comisión de tanto estrago, cumplida con la mayor impunidad. El hecho de que los ediles conservadores abdiquen de sus responsabilidades políticas, que no terminan de asumir, y se alisten de mamporreros en la nómina de ciertos promotores inmobiliarios, que son, en definitiva, quienes ejercen el gobierno, es entrampar al vecindario, y transferir los votos de las urnas a las arcas de la especulación; es una complaciente capitulación a un urbanismo más dócil con los intereses y privilegios de unos pocos, que con las necesidades, las satisfacciones y los servicios de todo el padrón. Después de los cambios que se produjeron la semana pasada en el grupo municipal del Ayuntamiento alicantino, el nuevo portavoz, Manuel de Barros, se ha mostrado contundente a la hora de exigir al alcalde popular/campista, Luis Díaz Alperi, que se concluya la redacción del PGOU, después de siete años, porque el retraso y la carencia de ese documento siempre es una tentación y, con demasiada frecuencia, un pretexto para perpetrar desafueros urbanísticos que lesionan temeraria y gravemente el planeamiento de la ciudad. ¿El Plan Rabassa? El Plan Rabassa lo votaron, junto a la mayoría del PP, los doce concejales socialistas, en una casi unanimidad -sólo rota por el voto negativo de EU- que despertó recelos y algo más en sectores de una ciudadanía bien informada, más preocupada y atenta a cuanto se cuece en los fogones de algunas competencias municipales. Y el cronista conoce de muy buena tinta que Manuel de Barros es consciente del error que se cometió, en su momento, y también de la rectificación que requiere, y a la que están obligados los ediles del PSPV, siquiera sea como testimonio de una ética y como respuesta a unos principios que deben consolidar una oposición menos dada al pacto y al pasteleo, y sí más firme y rigurosa, más vigilante y crítica. Y en eso parece que anda ahora el grupo, aun con los reproches de Ángel Franco a la dirección comarcal, por la remodelación del mismo, y a las amenazas de ésta con expedientar al ex senador, a lo que se añade la disconformidad y hasta la indignación de Blas Bernal con las áreas que le han confiado en la reciente distribución de competencias. Entre tanto, el nuevo portavoz anuncia que obstaculizará la desastrosa política urbanística del alcalde, con todo género de trabas y alegaciones, "porque la ciudad son los ciudadanos prioritariamente, y no los ladrillos, ni el cemento y aún mucho menos la especulación". Ahora, Manuel de Barros y su grupo tienen por delante un plan especial de protección del centro tradicional de Alicante que puede dar mucho de sí, en todos los aspectos: a unos lo de siempre, es decir, los beneficios que suele reportarles esa política de calcomanía, tan deslumbrante como engañosa, que manejan con soltura y sin empacho; y a otros, un proceso complicado -crisis por aquí, crisis por allá-, pero que si prospera puede mejorar ostensiblemente su situación de cara a las municipales de 2007. Eliminadas las primarias, las direcciones federal y nacional socialistas, van a sondear -lo que no deja de ser una práctica habitual- el perfil de los candidatos más idóneos que pueden aspirar a la alcaldía de Alicante. Y aunque hay mucha especulación de por medio y muchos nombres, se barajan con insistencia los de Etelvina Andreu, subdelegada del Gobierno, y Salvador Ordóñez, secretario de Estado de Universidades.

La diligencia de la iniciativa socialista, si se superan las tensiones y discrepancias internas, puede poner de los nervios a un PP decididamente dividido. Un PP, donde su presidente provincial, el popular/zaplanista José Joaquín Ripoll, se juega no sólo el gobierno municipal, sino el territorio marcado por Zaplana, desde el que avizora y controla cuanto se mueve en la Comunidad Valenciana.