Calidad de vida y estatutos de autonomía

En tanto seguimos por los medios de comunicación el debate sobre los estatutos autonómicos como si en ello nos fuera la vida, en cumplimiento de la Ley de Ordenación de la Edificación en vigor desde Mayo de 2000 está a punto de ser promulgado por el Gobierno el Código Técnico de la Edificación (CTE) que la desarrolla. La importancia del CTE es crucial para el sector de la edificación, los planes y políticas de suelo y vivienda, porque el sector de la construcción mueve un porcentaje aproximado del 16,18% del PIB de España, 135.599 millones de euros, del cual 69.238 millones, el 8,3%, son para Vivienda, y el resto, 66.361 millones, el 7,88%, se destinan a otras construcciones.

Sin embargo, según un análisis de las Universidades de Yale y Columbia (EEUU), la Comisión Europea y el Foro Económico Mundial, publicado recientemente por EL PAÍS, España está a la cola de los países ricos en materia de protección del medio ambiente. Analizados por el informe 16 indicadores de 133 países, España ocupa el lugar 23, con 79,2 puntos sobre 100 y es el país que se encuentra en el puesto 20 de los 29 países europeos analizados. Su autor afirma que "España ha elegido un mal camino: crecer económicamente a costa del medio ambiente, con gran participación de la construcción, algo que a la larga pasa factura".

La calidad de vida depende de las técnicas de sostenibilidad aplicadas al urbanismo y la arquitectura

El Código Técnico de la Edificación representa una oportunidad para producir dos efectos de gran repercusión: la extensión de la cultura y la tecnología de la calidad y la sostenibilidad a la edificación en España, especialmente en materia de Vivienda y Equipamientos, e implica cumplir Directivas europeas y seguir el proceso señalado por el Protocolo de Kioto en todo el sistema edificatorio. Como consecuencias inmediatas habrá que cambiar las formas de contratación pública verde, acreditar la calidad certificada y mejorar el sistema de calidad y sostenibilidad de la construcción. El CTE se ha convertido así en un punto de inflexión; un paso decisivo hacia un ejercicio más responsable de la actividad en un sector de gran repercusión económica y ambiental.

Kioto señala nueve indicadores en los que España ha aumentado entre los años 1999-2003 un 41,7% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese tiempo, Alemania redujo sus emisiones un 18,25% y el Reino Unido un 13%. En España se contabiliza una emisión por sectores de residuos un 2,9% y de energía (sin transporte) del 53,4% en 2003: la variación en el período 1999-2003 en efectos sobre la vegetación es del 344,1%, en residuos del 61,0%, en agricultura del 18,8%, en disolventes del 25,8%, en productos industriales 25,7%, en transporte 70,5%, en energía (s.t.) el 38,4% y en energía (c.t.) el 47,1%.

En otro orden de cosas, España genera 2 toneladas de basura de media por familia, en tanto que la media europea es de 1,3. Reciclamos poco. Nuestro país gasta más en aire acondicionado y climatización que cualquiera de la UE y derrocha energía en agua, electrodomésticos y mantenimiento: El auge edificatorio de los últimos diez años no ha mejorado la calidad interna de los sistemas de eficiencia y acreditación energética.

Las discrepancias estadísticas sobre las viviendas realizadas y/o los precios se deben a la incorrección política que supone decir hoy que en España se construyen anualmente un número de viviendas equivalentes al de la suma de las de Francia, Italia y Alemania juntas. Por esa razón, mejorar los procedimientos de ahorro pasivo, reutilización, reciclaje, tratamiento de residuos, abaratando la factura energética, constituye un requisito del bienestar y el desarrollo sostenible de las ciudades.

El suelo, el principal de los recursos no renovables, es uno de los graves problemas. La tendencia a la altísima ocupación de suelo es imparable en el litoral mediterráneo y las conurbaciones metropolitanas. Solo en Málaga, Almería y Murcia se prevén más de un millón de viviendas. En la Comunidad Valenciana se prevé la ocupación del 50% del suelo urbanizable en 100 municipios costeros. Madrid, Barcelona y otras áreas de corredores económicos sufren los mismos procesos; en nuestro país no hay conciencia social suficiente de ese despilfarro irreversible.

El tiempo perdido en materia ambiental en la edificación equivale a un retraso de diez años. La acreditación de calidad y certificación energética estaban preparados para implantarse hace tiempo. Pero hablar de edificación sostenible en un contexto de insostenibilidad general de la ocupación de suelo es imposible. Las últimas reformas legales del suelo, impuestas por la inconstitucionalidad de algunas medidas, no eximen de la necesidad de una legislación básica de derechos y deberes sobre el suelo, por encima de fronteras y territorios. Esto se debe a que la sostenibilidad y la calidad de vida de España dependen más del modelo de crecimiento que de la calidad inherente a la edificación por si sola, aunque esta signifique una gran parte de la carga medioambiental. La calidad democrática es una de las condiciones de la calidad de vida de los ciudadanos, pero la ciudadanía sabe que los estatutos por si solos no mejoran su vida diaria, su ambiente, sus recursos de aire, entorno, movilidad y espacio urbano.

En definitiva, la calidad de vida de los ciudadanos depende de la aplicación de las mejores técnicas de sostenibilidad a la arquitectura y el urbanismo. Hoy las medidas han de hacer confluir, por fin, las del sector de la edificación con las políticas de suelo y ordenación del territorio, además -¡claro!- de profundizar en el estado autonómico, cuyo saludable valor ambiental a la democracia ya se le supone.

Carlos Hernández Pezzi es presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. CSCAE