El Gobierno de CiU conocía desde 1996 las irregularidades del 'caso Turismo'
El Gobierno de Jordi Pujol conocía detalladamente desde 1996 las irregularidades del Consorcio de Turismo de Cataluña que, denunciadas por Iniciativa per Catalunya, acabaron el año pasado con penas de cárcel para nueve militantes de Unió Democràtica de Catalunya. Así se desprende de un informe de un bufete de abogados al que ha tenido acceso este periódico y que fue encargado por el Gobierno de CiU en 1996. Su objetivo era conocer si eran ciertos los rumores de mala gestión que desde 1995 rodeaban este organismo destinado a la promoción turística y gestionado por el partido de Josep Antoni Duran, Unió Democràtica de Catalunya.
El informe, elaborado por el despacho Jané y Solà Abogados, alertaba de indicios de "prevaricación" y "soborno" en un organismo en el que se detectó la facturación de productos por encima de su precio real, y favoritismos de todo tipo hacia proveedores de la órbita de Unió Democràtica. El informe recomendaba a la Generalitat emprender acciones legales. El Gobierno de Pujol nunca optó por esta vía y sólo se personó como parte afectada dos años después de conocer el informe, cuando Iniciativa y Comisiones Obreras llevaron el caso a la Fiscalía.
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