Europa, campo abonado para los espías extranjeros

Los espías extranjeros campan a sus anchas por el territorio europeo, según las conclusiones difundidas por el Consejo de Europa. El secretario general, Terry Davis, hizo ayer públicas en un informe las respuestas enviadas por los 46 países miembros de la organización a preguntas planteadas acerca de las supuestas actividades de la CIA en Europa, y estimó que los Estados no disponen de los instrumentos legales necesarios para controlar los movimientos de los servicios de espionaje extranjeros. España, cuyo ministerio de Exteriores envió a Estrasburgo un informe detallado, no respondió satisfactoriamente, según manifestó Davis, a la pregunta de si funcionarios españoles participaron en el secuestro y traslado de sospechosos de terrorismo.

El organismo recomienda a los países no confundir inmunidad con impunidad

"Mientras que la mayoría de los Estados miembros tienen mecanismos para supervisar las actividades de las agencias de espionaje nacionales así como la presencia de policías extranjeros en su territorio, casi ningún país, con la clara excepción de Hungría, tiene leyes que contemplen la vigilancia de las actividades de los espías extranjeros en su territorio", dijo Davis.

Durante su intervención, en la que el secretario general escogió meticulosamente las palabras, mostró su apoyo a la cooperación entre Estados Unidos y Europa en la lucha contra el terrorismo, pero matizó, que "los Gobiernos europeos deberían tener la suficiente confianza para participar en esa cooperación en condiciones de igualdad y no actuar como hacer el papel de convidado de piedra".

El Consejo alertó además de que los Estados miembros no han tomado las medidas adecuadas para controlar quién y qué sobrevuela su espacio aéreo y recomendó a los países no confundir inmunidad con impunidad en el caso de los espías acreditados como personal diplomático o consular.

Con esta última advertencia, el secretario general hacía referencia al caso de Abu Omar, un ciudadano egipcio secuestrado a plena luz del día por agentes de la CIA en el centro de Milán en el año 2003. Varios de estos agentes estaban acreditados en Italia como personal consular de Estados Unidos.

Fue precisamente Italia, cuya respuesta a la petición de información del Consejo de Europa del pasado mes de noviembre, Davis consideró "inadecuada". Polonia, Macedonia y Bosnia-Herzegovina tampoco enviaron respuestas "completas o satisfactorias" a la organización encargada de velar por los derechos humanos en Europa.

La peor nota correspondió a los polacos cuya respuesta fue calificada por Terry Davis de "decepcionante". "La respuesta de Polonia, un país acusado de mantener prisiones secretas, es decepcionante y ni con la mejor intención puede ser calificada de adecuada", indicó el secretario general del Consejo.

España figura en la lista de 20 países que no dieron respuesta a algunas de las cuestiones que planteaba el Consejo de Europa y a los que esta institución solicitará información adicional. En concreto, el informe que el ministerio de Asuntos Exteriores español envió a Estrasburgo el pasado mes de febrero no aclara si funcionarios españoles estuvieron implicados en la privación de libertad de individuos o en el transporte aéreo de detenidos en el marco de la guerra contra el terrorismo.

El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, explicó el pasado 24 de noviembre durante su comparecencia en el Congreso que en España hubo 24 escalas de aviones sospechosas -15 en Baleares y 9 en Canarias- entre junio de 2003 y septiembre de 2005. El informe que España envió a Estrasburgo indica, sin embargo, que no ha sido probado que los vuelos que hicieron escalas en aeropuertos españoles llevaran a bordo detenidos sin garantías. España indica en el documento que hay una investigación judicial en marcha y que habrá que esperar a los resultados de la misma. Fuentes del Ministerio de Exteriores afirmaron ayer que esta circunstancia explica precisamente por qué algunas preguntas han quedado sin respuesta.

El pasado noviembre, el Consejo de Europa lanzó dos investigaciones paralelas después de que la organización de derechos humanos Human Rights Watch y el diario estadounidense The Washington Post desvelaran la existencia de cárceles secretas de la CIA en Europa. El senador suizo Dick Marty, que dirige una de las investigaciones, ha acusado a los Gobiernos europeos de "complicidad" ante los secuestros, confinamientos y traslados de presos a países donde aseguran haber sido torturados.

Las pesquisas de Davis están dirigidas a indagar si los Estados han violado el artículo 52 de la Convención Europa de derechos humanos, que prohíbe las detenciones y encarcelamientos al margen de la ley y la tortura. "Esto significa que los Estados miembros están obligados a actuar para prevenir estas violaciones de derechos humanos y no sólo reaccionar si se topan con ellas accidentalmente", dijo el secretario general del Consejo de Europa a los periodistas.