Sadam Husein asume su responsabilidad en la ejecución de 148 chiíes en 1982

Tras semanas de un juicio plagado de interrupciones, golpes de efecto y arengas políticas, el ex dictador iraquí Sadam Husein asumió ayer su responsabilidad y aceptó haber ordenado en julio de 1982 la captura, juicio y posterior ejecución de 148 chiíes de la aldea de Dujail, sospechosos de haber participado en un atentado contra su vida. "¿Dónde está el crimen?", gritó desafiante delante de los magistrados. "Si juzgar a sospechosos acusados de disparar contra el jefe de Estado -no importa su nombre- es considerado un crimen, entonces aquí tienen la cabeza del jefe de Estado. Júzguenle".

La arenga de Sadam Husein, en la que exigió la puesta en libertad de los otros siete acusados al proclamar que él estaba al mando y era, por tanto, el único responsable, se produce un día después de que el fiscal jefe, Jaafar al Mussawi, presentara como prueba un decreto presidencial del 16 de junio de 1982 y firmado, según él, por el ex dictador. En ese papel se aprueban las 148 ejecuciones.

Sadam Husein y los otros acusados son juzgados en la capital iraquí por ese delito (por el que podrían llegar a ser condenados a la máxima pena). La acusación así lo ha tipificado ya que sostiene que la detención, tortura, juicio, muerte y posterior confiscación de las tierras de los 148 chiíes fue una operación de venganza que, en el mejor de los casos, fue mucho más lejos que un juicio contra los supuestos autores del atentado del 8 de julio. La fiscalía ha aportado varios documentos que demuestran la detención de familias enteras, incluida la de un niño de tres años. De los 148 ejecutados, 10 eran menores de edad y el más joven de todos ellos tenía 11 años.

Aunque la fiscalía calificó ayer aquel juicio de 1982 de "proceso imaginario", el antiguo dictador iraquí insistió en que se actuó conforme a las leyes. "Si el máximo jefe os pone las cosas más fáciles diciendo que él fue el único responsable, ¿por qué están juzgando a estas personas?", en referencia a los otros siete altos cargos del régimen presentes en la sala.

"Un jefe de Estado está aquí. Júzguenle y dejen marcharse a los otros". Y lo dijo señalando con el dedo a Awad al Bandar, el presidente del tribunal revolucionario que firmó las penas de muerte contra los 148 chiíes. "Mandé a los presos al tribunal conforme a la ley y Awad los juzgó de acuerdo con la ley. Él tenía el derecho de juzgar o absolver de acuerdo con esa misma ley y de su propio criterio". Después, elevando la voz, añadió Sadam: "Destruí sus tierras [la de los ejecutados]. No quiero decir que me subí a un bulldozer y las destruí yo mismo, pero es cierto que las destruí: era una sentencia del Consejo del Comando de la Revolución". Husein dijo que su Gobierno tenía el derecho de confiscar la tierra por "el interés nacional" y añadió que tras ello ordenó el pago de "sustanciales compensaciones" a sus antiguos dueños.

La declaración del ex dictador duró 15 minutos; tras escucharle atentamente, el presidente del tribunal, compuesto por cinco jueces, Rauf Abdel Rahman, levantó la sesión hasta el 12 de marzo.

Además de las palabras de Sadam asumiendo toda la culpa de lo ocurrido en Dujail, en los últimos dos días se ha producido un importante giro en el proceso, entrampado en enredos políticos. En estos dos días, los fiscales han presentado, además del decreto presidencial en el que se ordenaba la ejecución de los 148 detenidos, diversos memorandos, papeles y notas, algunos elaborados por el temible servicio secreto del Mujabarat, cuyo jefe, Barazan Ibrahim, está también procesado. Con ello pretenden reconstruir el sistema de toma de decisión en el régimen anterior, en el que todas las órdenes procedían de Husein.

Una de esas notas mostradas por el fiscal jefe pertenece al Ministerio del Interior, días después del intento de asesinato de Sadam. En ella se informa de los nombres de las familias de Dujail que pertenecen supuestamente a Dawa, un partido islamista chií clandestino, ahora en el Gobierno y cuyo líder, Ibrahim al Yafari, ha sido primer ministro en el Gobierno transitorio y aspira a volver a serlo ahora.

Diez de los nombres mencionados en esa nota acabaron entre los ejecutados. La tesis del acusador es que se trató de dar un escarmiento al partido Dawa y un aviso a los posibles opositores, más que un intento de impartir justicia.

El autor de esa nota, Alí Dayih, también acusado, reaccionó a su presentación como prueba, negándolo todo: "Que me corten la mano si di información contra cualquiera. No tuve responsabilidad política alguna. Todo es un montaje". Otros dos acusados, Abdulá Kazim Ruwayyid y su hijo Mizhar, también lo niegan: "La letra no es mía; la firma tampoco", dijo Mizhar. Los tres eran militantes del Baaz en Dujail. Ahora Abdulá lo recuerda de otro modo y sostiene que era un simple telefonista.