Un modelo para convivir en las calles de Valencia

Las Fallas concluyen cada año con un recuento casi rutinario del número de papeleras quemadas y contenedores dañados; las zonas de juego infantil en los parques a menudo están salpicadas de excrementos de perro; hay fachadas de inmuebles repletas de pintadas; la música atronadora de algunos vehículos levanta a los vecinos en medio de la noche... Son ejemplos del deterioro del espacio urbano en grandes ciudades como Valencia y el reflejo de actitudes incívicas que preocupan cada vez más a vecinos y ayuntamientos. Surgen así intentos de regular la convivencia en el espacio urbano y las actividades que acoge la calle, en un debate en el que políticos y vecinos confrontan visiones y soluciones.

Vecinos y oposición critican que la norma se centra en la sanción a grupos desfavorecidos

En Valencia, la polémica se encendió a finales de 2005 al hacerse público el borrador de la Ordenanza sobre Actuaciones en Lugares Públicos, redactada por el equipo de gobierno del PP y dirigida a sancionar a los gorrillas, limpiaparabrisas, las prostitutas callejeras y sus clientes. "Los municipios vienen sufriendo la proliferación de distintas actividades lucrativas que afectan a la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos". Así arranca esta ordenanza -en fase de alegaciones-, que quiere "garantizar el libre acceso de los ciudadanos a los espacios públicos". Las medidas se concretan en sanciones de hasta 500 euros para la venta ambulante sin permiso, los aparcacoches y limpiaparabrisas, así como para prostitutas y clientes cuando perturben a vecinos y afecten a la seguridad. "Esta normativa pretende evitar que se produzcan actos en la vía pública que generen molestias a los ciudadanos", afirma el concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez.

La oposición al PP -socialistas y EU-L'Entesa-, así como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, ya han presentado sus alegaciones. Coinciden en que la norma se centra únicamente en la sanción a colectivos concretos y desfavorecidos, en un contexto, además, en el que la regulación o no de la prostitución se ha convertido en un debate nacional a raíz de la ordenanza aplicada en Barcelona y la propuesta de elaborar una norma de la Generalitat catalana. La federación vecinal, que preside María José Broseta, tiene "serias dudas" sobre una norma que pretende intervenir sólo con medidas policiales sobre la prostitución callejera. También echa en falta que mencione programas de integración para los grupos afectados, que sufren "una patente exclusión social" y en los que las multas no tendrán efecto preventivo. Los vecinos piden una regulación general de los espacios públicos en la que sean sancionables actividades molestas o peligrosas, sean "lucrativas" o no.

Mientras, el portavoz de EU-L'Entesa, Antonio Montalbán, incide en sus alegaciones en que la ordenanza "no responde a las necesidades de una sociedad compleja" en la que aumentan las "capas poblacionales sin recursos". También critica que no se combate a los proxenetas, no se concretan las actitudes a sancionar y se obvian ayudas a las prostitutas.

El portavoz socialista, Rafael Rubio, y el concejal José Luis Ábalos, presentaron ayer una "alternativa global" que reivindica un espacio público "de calidad, de encuentro y convivencia". Un "paisaje urbano" en el que "no sea normal" la quema de contenedores en Fallas, explicó Rubio. La iniciativa, de 46 artículos, bebe de la ordenanza barcelonesa, entre otras, y se centra "en el fomento del civismo". Como indica su exposición de motivos, "está encaminada a garantizar a los ciudadanos las mejores condiciones de uso de los espacios y bienes públicos", con sanción a las "conductas incívicas", tanto si se trata "de gorrillas como de un señor o señora con poderío", afirmó Ábalos. La propuesta incluye el derecho al descanso, a un espacio urbano limpio, seguro y "exento" de manifestaciones xenófobas, y aborda desde la responsabilidad de los dueños de animales domésticos hasta el uso de patinetes en la acera, pasando por la sanción a la "mendicidad insistente" e intimidatoria. Los socialistas apoyan la prohibición de gorrillas y limpiaparabrisas, pero dejan fuera de su ordenanza el espinoso tema de la prostitución -a la espera de mayor claridad en el debate general-. Rubio destacó el "carácter pedagógico" de su iniciativa, ya que prevé sustituir las sanciones -de 15 a 3.000 euros- por una labor que compense el daño, prevé campañas de concienciación y un observatorio municipal.

Nada nuevo aporta esta propuesta, según el PP, cuya respuesta augura un escaso reflejo en la ordenanza de este debate.