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Editorial:

Control controlable

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha reclamado penas de cárcel para los conductores que circulen a más de 180 kilómetros por hora, es decir, para quienes superen en 60 kilómetros la velocidad máxima autorizada, así como para aquellos que doblen con un gramo por litro de sangre la tasa máxima de alcohol permitida o conduzcan tras habérseles retirado el permiso. Navarro defendió en el Congreso la necesidad de llevar esas medidas al Código Penal.

En realidad, el código ya contempla delitos relacionados con la conducción temeraria, pero en términos tan genéricos que los infractores pueden esquivar la sanción ante la dificultad de probar en un juicio que esa conducción puso en peligro la integridad física de las personas. Se trataría de objetivar los límites a partir de los cuales existe delito, tanto en relación con la velocidad como con el alcohol. Y de actualizar la normativa sobre el permiso de conducir con vistas a la implantación del carnet por puntos a partir de julio próximo.

Navarro defiende el criterio de que debe sancionarse lo que objetivamente supone un riesgo, con independencia de que haya o no propiciado un accidente. Y también, que la eficacia de la combinación entre concienciación y represión depende de que las normas, incluyendo las sanciones para quienes las vulneren, sean claras; sin espacio para la ambigüedad.

La objeción principal contra las propuestas del director general es si no será excesivo convertir en delito conductas de ese tipo, reprobables, merecedoras de sanción, pero quizá no de cárcel y de marcar a los infractores con antecedentes penales

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de febrero de 2006