Un coste asumible

Los mil días sin atentados mortales de ETA han generado expectativas razonables sobre el final de la violencia terrorista. A estas alturas, ya no tiene sentido seguir diciendo que "ETA no mata porque no puede". ETA no mata porque no quiere, porque por fin ha reconocido que el crimen sólo le conduce a una situación de mayor marginalidad política y social.

Ante esta evidencia de que ETA no quiere seguir matando, ¿qué hacer? Muchos contestan de la siguiente manera: en nombre de la justicia y del Estado de derecho, no nos queda sino perseverar en las políticas antiterroristas que se han llevado a cabo en las últimas décadas, hasta conseguir la derrota de ETA. Sin embargo, quienes apoyan esta postura se resisten a precisar qué quiere decir exactamente "derrota". ¿Que saquen los terroristas una bandera blanca? ¿Que se entreguen a la policía? ¿Que la policía les detenga a todos en sus casas?

Si ETA no ve posibilidad de reciclarse, en algún momento volverá a matar

Estado y sociedad deberán mostrar cierta magnanimidad al reinsertar a terroristas

Quizá estén pensando en que ETA evolucione como el GRAPO, hacia una organización criminal sin ningún sentido político. Pero el GRAPO nunca, ni en sus mejores momentos, tuvo demasiados seguidores, mientras que ETA sigue contando con un grupo considerable de vascos que apoyan a su brazo político, y a través de múltiples asociaciones mantiene una importante presencia social en el País Vasco. ¿Cómo se derrota a ese movimiento?

En realidad, lo que hoy estamos contemplando es ya la derrota política de ETA. ETA ha entendido que la violencia no le lleva a ninguna parte. Ése es el éxito de la política antiterrorista. Por supuesto, ETA, gracias a los apoyos sociales a los que acabo de hacer referencia, sigue siendo una organización poderosa, con una capacidad de movilización importante. De lo que se trata ahora es de determinar si el Estado debe instrumentar políticas que faciliten una renuncia formal y definitiva a la violencia.

Hay grupos, como el PP y la AVT, que se niegan en redondo a avanzar por esta vía, considerando que se va a pagar lo que ellos llaman un "precio político" inaceptable. Parecen considerar que ese "precio político" es superior al coste en vidas humanas que probablemente haya que asumir si a ETA no se le deja ninguna salida, pues no puede ignorarse que, si ETA no ve posibilidad de reciclarse, en algún momento volverá a matar.

La cuestión, por tanto, es ésta: ¿el coste de conseguir el fin de la violencia de ETA es tan alto que no vale la pena asumirlo, ni siquiera teniendo en cuenta el beneficio que supone el cese del terrorismo? ¿Pagar ese coste supone perder la dignidad, claudicar, renunciar a la justicia?

Las concesiones que se realizan en negociaciones tras un conflicto violento dependen de la fortaleza o poder negociador de las partes. Cuanto más fuerte sean los terroristas, mayores concesiones reclamarán para abandonar la violencia. En el caso del País Vasco, ETA no puede aspirar a mucho. Sin duda no podrá conseguir lo que ha conseguido el IRA en Irlanda del Norte.

El IRA obtuvo concesiones políticas y constitucionales. Se excarceló muy pronto a los presos. Y el Estado británico aceptó que se pueda producir la unificación con la República de Irlanda si en algún momento hay una mayoría (no cualificada) a favor de la misma en el territorio de Irlanda del Norte.

No es tan sorprendente, dadas las circunstancias específicas del caso. En Irlanda del Norte había víctimas de las dos comunidades. La situación de partida era injusta, pues una de las comunidades tenía una posición política y económica ventajosa. Y el IRA no llegó agotado al proceso de paz: en 1993, el año de la Declaración de Downing Street que marca el inicio de ese proceso, mató a 36 personas.

La situación del País Vasco es bastante distinta. No hay víctimas de los dos bandos. Es cierto que los grupos de extrema derecha y los GAL mataron a algunos etarras, pero la desproporción es enorme con respecto a las víctimas de ETA. No partimos tampoco de una situación de opresión, pues los nacionalistas llevan gobernando más de veinticinco años con un elevado grado de autonomía. Y ETA llega muy debilitada a esta fase final.

Teniendo en cuenta la debilidad de ETA y las distintas características del conflicto terrorista en Irlanda del Norte y el País Vasco, es razonable concluir que el coste de la paz en el País Vasco es mucho más reducido que en el caso de Irlanda del Norte. Tan reducido que es dudoso que se trate de un auténtico precio político, es decir, que obligue a la mayoría a aceptar una imposición de la minoría bajo coacción.

Para afianzar la paz, el Estado y la sociedad deberán mostrar cierta magnanimidad con respecto a la reinserción de los terroristas, y es muy probable que para que ETA y su mundo se integren en el sistema haya que proceder a una reforma del Estatuto de Gernika que, por lo demás, demanda una mayoría de los vascos. Ninguna de estas dos cosas va más allá de lo que se contempla en la Declaración del Congreso de mayo de 2005.

El Gobierno parece dispuesto a adoptar una posición flexible y pragmática sin dejar de lado ciertos principios básicos. Su superioridad sobre ETA se lo permite. Habrá de persuadir a la ciudadanía, y a las víctimas, de que es el momento de adoptar la ética de la responsabilidad frente a la ética de las convicciones. Esto, qué duda cabe, va a generar un intenso debate en la sociedad.

Es absurdo intentar cortar de raíz ese debate diciendo, como hace la derecha, que el Gobierno está dispuesto a rendirse ante ETA. Si el Estado no ha desistido cuando ETA estaba fuerte, menos lo va a hacer ahora que está en fase terminal.

Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Sociología de la Universidad Complutense.