Ocho de cada diez empresas incumplen la obligación de contratar discapacitados

Las barreras arquitectónicas no son las únicas trabas que impiden a las personas discapacitadas su plena integración a la sociedad. Hay también otro tipo de obstáculos, invisibles, que hacen que el acceso al mundo laboral sea para este colectivo un reto muy difícil. Sólo el 28,7% de las personas que sufren discapacidad moderada tienen un empleo remunerado en Cataluña. El porcentaje cae en picado cuando la discapacidad es grave. La ínfima tasa de empleo en este colectivo, una de las más bajas de Europa, tiene su origen en el incumplimento de la ley, que obliga a las empresas de más de 50 empleados a reservar el 2% de los puestos a discapacitados: 8 de cada 10 empresarios incumplen esta obligación.

Estos datos los revela un estudio presentado por la patronal Fomento del Trabajo y elaborado por el grupo SIFU, un centro especial de trabajo que da empleo a 1.500 discapacitados. "Formamos a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial en tareas de limpieza, jardinería o consejería, entre otras, y ofrecemos estos servicios a la empresa. Así facilitamos la inserción laboral de este colectivo y ayudamos a las empresas a cumplir su obligación de reservar una parte de su plantilla a estas personas", explica Cristian Rovira, consejero delegado de SIFU.

Varias empresas han contratado a discapacitados a través de este centro. Una es Media Markt para sus centros de Mataró, Bellvitge y Tarragona. "Los trabajadores se han adaptado perfectamente a los puestos de trabajo en labores de limpieza. Estamos encantados con ellos", explica Ferran Reverter, gerente de Media Markt Mataró. Reverter asegura que en su decisión de contratar a personas discapacitadas no ha pesado tanto la voluntad de cumplir la ley como su conciencia y sensibilidad hacia el colectivo.

La satisfacción que Reverter muestra hacia el trabajo de sus empleados discapacitados no es un caso aislado. El estudio de SIFU, para el que se encuestaron a 400 empresas de más de 50 trabajadores, revela que el 80% de los empresarios que contratan a discapacitados aseguran estar satisfechos con su rendimiento y destacan su bajo absentismo. "El motivo de esta mayor motivación no es otro que la conciencia de este colectivo de su dificultad para entrar en el mercado laboral, lo que le hace apreciar más el hecho que se le dé una oportunidad, señala Rovira.

De chapista a controlador

José Moyana, de 46 años ha tenido otra oportunidad. Con 35 años, un accidente laboral le inutilizó la mano izquierda. Tres operaciones y dos años de rehabilitación no le sirvieron para que su mano recuperara la movilidad y fuerza perdida. Tuvo que renunciar al trabajo que venía haciendo desde los 14 años: chapista en una fábrica de automóviles. "El mundo se me vino abajo. No había hecho nunca otra cosa que chapistería, y mi mano dañada limitaba las posibilidades de encontrar empleo", recuerda Moyana. "Pero tenía dos hijas pequeñas y una hipoteca", agrega. La suerte se cruzó en su camino cuando un amigo le habló de SIFU. Empezó a trabajar de controlador en un aparcamiento, después en un bloque de pisos. Desde hace dos años, controla que los trabajos contratados a través de SIFU se realicen correctamente.

El incumplimiento generalizado de las empresas de la Ley de Integración de los Discapacitados se refleja en el resultado de actuaciones de Inspección de Trabajo de 2005. Un total de 360 compañías de más de 50 trabajadores fueron investigadas en Cataluña al haberse detectado que incumplían la ley. De ellas, 180 seguían vulnerando la norma pese al requerimiento de los inspectores. A causa de las actuaciones de Inspección de Trabajo, las empresas investigadas contrataron a 200 discapacitados o adoptaron alguna de las medidas alternativas que prevé la ley, como la contratación de servicios a centros especiales de ocupación.

La integración laboral de los discapacitados no sólo no se lleva a cabo en la empresa privada, sino también en la Administración. CC OO denuncia: "Si las administraciones incumplen la ley, ¿cómo pueden exigir que la cumpla la empresa privada?", pregunta Joaquim Dorero, responsable de CC OO del sector de la función pública de la Generalitat. Según el Departamento de Gobernación, sólo el 1,29% de los 149.700 empleos de la Administración autonómica estaban ocupados por discapacitados el 1 de enero de 2006.

Ruth Carandell, secretaria de Administración y Funcion Pública, señala que el incremento que experimentan cuerpos como el de los Mossos d'Esquadra, donde la discapacitación no tiene casi cabida, "ha impedido que, pese a que ha aumentado el número absolulto de discapacitados, el porcentaje respecto al total de empleos casi no lo ha hecho". Carandell asegura que en cada convocatoria de plazas se reserva el 5% de éstas para discapacitados. "El problema es que no se presentan suficientes aspirantes", remacha.