El espantajo de la autodeterminacion

No me cabe la menor duda de que cuando el lehendakari, Juan José Ibarretxe, habla de la autodeterminación está convencido de que es un derecho del que es titular el pueblo vasco, y de que no sólo es su derecho como lehendakari sino incluso su obligación hacer lo posible para que el pueblo vasco pueda ejercer dicho derecho de manera real y efectiva. Los términos del ejercicio del derecho habrán de ser concretados, pero el ejercicio del mismo es irrenunciable. Eso es lo que representaba el proyecto de ley de reforma del Estatuto vasco que fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2004 y cuya toma en consideración fue rechazada por el Congreso de los Diputados en febrero de 2005. De ahí que el Gobierno vasco vuelva permanentemente sobre ella.

El ejercicio del derecho a la autodeterminación en el interior de un Estado constitucional no es más que la ruptura de la unidad del poder constituyente en la que dicho Estado descansa. En España, esa unidad está residenciada en el "pueblo español" de manera exclusiva y excluyente. Constitucionalmente no existe nada más que un pueblo, el pueblo español, del que forman parte los ciudadanos vascos, andaluces, catalanes, extremeños... En ese pueblo único reside la "soberanía nacional", razón por la cual de él "emanan los poderes del Estado" (art. 1.2 CE). En la Constitución no cabe un "pueblo vasco" o "catalán" o "andaluz". En los estatutos de autonomía, como fundamento y origen de los poderes de la comunidad autónoma, sí. El concepto de "pueblo" tiene un contenido distinto en la Constitución y en los estatutos. En la primera es portador de "soberanía". En los segundos, portador de "autonomía". La primera es el fundamento de la segunda.

Como dijo el Tribunal Constitucional, este principio de legitimidad democrática expresado por el artículo 1.2 de la Constitución es "la base de toda nuestra ordenación jurídico-política" (STC 6/81), tanto de la constitucional como de la estatutaria. Justamente por eso, es un principio que no admite excepción. No hay ninguna fórmula de ejercicio del derecho a la autodeterminación que pueda ser compatible con el principio de legitimidad democrática tal como figura en la Constitución. Esta es la razón por la que no había posibilidad alguna de que el proyecto de reforma del Estatuto vasco pudiera ser tomado en consideración por el Parlamento del Estado. Y esta es, también, la razón por la que ninguna fórmula que pueda venir en el futuro podrá serlo.

Se puede comprender la resistencia del lehendakari a aceptar esta interpretación, pero lo que no resulta comprensible es que el presidente del PP la cuestione e interpele al presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre algo que es constitucionalmente imposible. Ni José Luis Rodríguez Zapatero ni nadie puede negociar el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Esta es una cuestión que ya está resuelta en la teoría y en la práctica. En el único caso en que se ha pretendido hacer uso del derecho a la autodeterminación, el Congreso de los Diputados lo ha cortado de raíz.

La pregunta sobre la negociación del derecho a la autodeterminación es tan absurda como la que hiciera referencia a una negociación para que los ciudadanos pudieran ser condenados sin juicio previo con todas las garantías constitucionales. Es un supuesto inimaginable.

En boca del lehendakari el derecho a la autodeterminación es una reivindicación. En boca del presidente del PP no es más que un espantajo con el que se intenta generar miedo en la sociedad española. Es posible que todavía le quede un cierto recorrido, como el que tuvo la ruptura de la unidad de España tras la aprobación por el Parlamento de Cataluña del proyecto de reforma del Estatuto, de la que ya se ha dejado de hablar, pero no creo que vaya a dar mucho más de sí.