El ex consejero de Adigsa declara que desconocía las ilegalidades

Josep Antoni Fontdevila, ex consejero delegado de Adigsa durante el último Gobierno de CiU, declaró ayer ante el juez que investiga el presunto pago de comisiones en las obras realizdas por esta empresa que desconcía las presuntas ilegalidades y que se limitó a firmar los pagos que le presentaban. En otro momento, Fontdevila apuntó al presidente de la compañía, el también imputado Ferran Falcó.

Fontdevila, militante de CDC, regresó a su actividad como arquitecto cuando la coalición nacionalista perdió el Gobierno catalán. Falcó sigue en política como portavoz de CiU en el Ayuntamiento de Badalona. Pese a esos caminos divergentes, ambos coincidieron ante el juez en exculparse de cualquier responsabilidad por su gestión, que es lo que hace cualquier imputado que ha de pasar por ese trámite.

Falcó declaró el pasado día 17 que él no era un presidente ejecutivo, sino representativo, porque ni siquiera tenía firma. Sin embargo, ha sido el único presidente que tuvo despacho en la sede de Adigsa. Fontdevila también declaró ayer al juez que fue Falcó quien le propuso que Adigsa contratase a José María Penín, pariente de Felip Puig, en aquella época consejero de Medio Ambiente de la Generalitat. Penín realizó trabajos como tasador de viviendas y fue la persona que supuestamente cobró comisiones de hasta el 20% a los empresarios que realizaban obras en los barrios de Adigsa.

En otro momento de la declaración de Fontdevila se le preguntó por un e-mail que Penín, a través de la secretaria de Puig, le había hecho llegar a éste para exigirle el pago de unas facturas que se le adeudaban. Puig lo reenvió a Falcó y éste le preguntó a Fontdevila por la deuda, que fue pagada.

Durante su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, Fontdevila sólo respondió a las preguntas del fiscal, Emilio Sánchez Ulled, a las del abogado de la Generalitat y a las de su defensa. El ex consejero delegado gestionaba entonces un presupuesto anual de 42 millones de euros. Por ese motivo, explicó que desconocía los procesos de adjudicación de las obras menores de rehabilitación en los barrios de Adigsa y que confiaba plenamente en los trámites habituales.

Autorizaciones de pago

En otro momento de la declaración, Fontdevila no explicó cómo y por qué firmó las tres autorizaciones de pago a Penín. En dos de ellas era el proponente del pago. Y otra, urgente, obtuvo la negativa de un funcionario a tramitarla.

Las facturas se realizaban en concepto de "valoración y tasación", un hecho que fue interpretado por algunos de los abogados presentes en la declaración como un pago doble por un mismo trabajo. La defensa de Fontdevila explicó que ése es el concepto al que correspondía una determinada partida presupuestaria.