Fascismo consumista y rebelión ciudadana
La justicia juvenil en Cataluña tiene dificultades para atender a la creciente demanda de intervención punitiva -o reeducadora, si se prefiere- que hace nuestra sociedad. Y así hay que reconocerlo, pese a la dedicación de jueces, fiscales y otros profesionales, tanto de la administración de Justicia como de la Administración de la Generalitat. Una Administración -hay que saberlo- que en los últimos años ha incrementado de manera muy notable los recursos presupuestarios dedicados a la justicia juvenil para hacer frente a más de 7.000 casos anuales. Pero que nadie se llame a engaño. Nunca será suficiente este esfuerzo presupuestario o la dedicación de los profesionales si la sociedad no aborda de manera decidida y a fondo lo que constituye un fenómeno de grandes proporciones que tiene a la juventud -¿dónde empieza y dónde termina hoy la juventud?- como su principal víctima propiciatoria.
La justicia juvenil, que requiere cada vez más medios, debe ser asumida como tarea de toda la ciudadanía
Por muchos recursos que se les asignen, ni el sistema escolar, ni el sistema público de justicia juvenil serán capaces de resolver satisfactoriamente una apremiante necesidad social, mientras no se ponga coto a las pretensiones insaciables del "fascismo de la posesión inmediata". Tomo prestada la rotunda expresión de Rafael Argullol (EL PAÍS, 14 de febrero 2004), en un artículo merecedor de más atención que tantas disquisiciones psicologistas o pedagógicas cargadas de buena voluntad, pero desconectadas de la realidad socioeconómica de hoy.
Argullol detecta con lucidez el peso enorme de esta "economía de la posesión inmediata" que nos aprisiona. Y de modo asfixiante a jóvenes y adolescentes, sometidos a una agresión permanente por parte de potentes mecanismos propagandísticos. Los profetas de esta pulsión hacia un consumismo irresistible han aprendido de las prácticas del agitprop bolchevique y del doctor Goebbels. Pero son mucho más sutiles y cuentan con instrumentos técnicos de mucho mayor impacto emocional que los filmes de Eisenstein o Riefenstahl. Invaden todos los escenarios y todos los tiempos, empezando por el familiar. El mito engañoso de la autorregulación les permite campar a sus anchas sin límite de espacio, horario o medio de transmisión.
Poco pertrechados ante esta agresión permanente, hay que invertir tiempo y esfuerzo en mejorar nuestro sistema escolar. Hay que aplicar más recursos y mayor efectividad a los sistemas restauradores que gestiona la justicia juvenil. Pero serán esfuerzos baldíos si al mismo tiempo y con energía no se desactiva -en el campo ideológico, económico y administrativo- la potencia de este complejo "lúdico-industrial", situado en la raíz de muchas actitudes y conductas que padecemos y lamentamos. Hay que hacerlo sin temer a las exclamaciones farisaicas sobre una supuesta "criminalización" de actividades legales, sobre los "peligros de la censura" o sobre atentados a la "libertad de empresa". Hay que hacerlo con pleno respeto al Estado de derecho, pero con determinación y sin timideces. Porque es ahí donde se fabrican y divulgan modelos de consumo compulsivo que ponen en riesgo la salud pública de hoy y, sobre todo, de mañana.
Es sabido que al sistema de justicia juvenil -encargado de responder a las conductas delictivas de los menores- le llegan casos extremos. Pero son casos expresivos de lo que se ha convertido en extendida plaga social: agresiones en la familia y en el aula, consumo creciente de sustancias tóxicas legales e ilegales, acoso escolar, prácticas de ocio lesivas para la tranquilidad ciudadana, ocupación abusiva y degradante del espacio público, inseguridad viaria, etcétera. Una reacción judicial y administrativa ante estos hechos puede agravar las sanciones y hacer más diligente y efectiva su aplicación. Pero de poco sirve cuando los sancionados acaban regresando a un medio social donde siguen siendo hostigados ideológica y emocionalmente por una imperativa llamada al consumo inmediato de todo tipo de objetos, entre los que se incluye también el tratamiento humillante de otros seres humanos.
No basta, pues, la meritoria misión de educadores, psicólogos, jueces o administradores. Ni de padres y madres de familia, actuando en solitario. Corresponde a la propia ciudadanía como sujeto democrático asumir el compromiso de combatir esta agresión y de organizarse adecuadamente para neutralizar sus manifestaciones. Debe hacerlo exigiendo la activación de todos los instrumentos legales y fiscales disponibles: regulación de contenidos de programas audiovisuales, videojuegos, mensajes publicitarios degradantes de la persona o difusores del consumo de sustancias tóxicas, horarios de locales de ocio, policía -en sentido administrativo tradicional- de la salud pública, etcétera.
La tarea es inmensa y no puede descansar únicamente en la persuasión o en la autorregulación. Porque no estamos ante excesos circunstanciales, sino ante todo un programa sistemático, frente al cual no cabe ni la improvisación, ni la resignación. Escribe Argullol: "Si queremos golpear el corazón de la barbarie antes de que sea demasiado tarde, lo oportuno es empezar a actuar sin dilaciones contra los inspiradores de la gran mentira moral de nuestra época: la vida entendida como un botín de guerra que hay que tomar inmediatamente por derecho de conquista. Que nadie nos ha concedido". Actuar contra esta mentira que engaña a muchos, pero sobre todo a muchos jóvenes: ésta es la tarea social. Promover la rebelión contra el conformismo juvenil que se somete a esta concepción fascista de la vida: ésta puede ser, paradójicamente, la tarea de los ciudadanos adultos.
Josep M. Vallès es miembro de Ciutadans pel Canvi y consejero de Justicia de la Generalitat.
