La Junta considera que los docentes cuentan con suficiente apoyo jurídico ante la violencia escolar
El problema de la violencia en las aulas tiene abiertas varias propuestas y políticas de actuación tanto de la administración pública, como de los sindicatos y el Defensor del Pueblo andaluz, pero eso no ha impedido que esta semana se hayan acumulado varios casos graves de agresiones en el aula.
Dos profesores, uno en Málaga y otro ayer mismo, en Almería, fueron agredidos por familiares de sus alumnos, replanteando si las medidas propuestas contra la violencia escolar son suficientes. La Consejería de Educación recordó ayer "el apoyo jurídico" con el que cuentan los docentes y, sin profundizar en los últimos casos de conflicto escolar, remitió al reciente informe del Consejo Escolar Andaluz sobre convivencia en las aulas.
La Junta pidió a finales del año pasado una investigación sobre la indisciplina en los centros andaluces y la respuesta fue el documento que el Consejo llevó al Parlamento hace dos semanas y en el que se pedía una modificación total de la normativa de convivencia. La consejera Cándida Martínez accedió a revisar la ley y a actualizar el plan Cultura de Paz. La administración empezó a trabajar en un nuevo decreto que reforzará las tutorías y la orientación pedagógica de los profesores para que sepan atajar los casos de violencia escolar.
El informe del Consejo destapó 26.000 casos graves de indisciplina en las aulas andaluzas a través de encuestas dirigidas a todos los centros de la comunidad, pero quiso hacer notar cómo la sociedad y los medios de comunicación habían "exagerado" la importancia de este problema.
Los conflictos se habían detectado en chavales de tercer ciclo de Primaria, alumnos de 15 y 16 años, que eran quienes principalmente cometían las agresiones físicas. Pero la violencia entre iguales constituía sólo un porcentaje menor en el listado de incidencias que se producían en un centro.
La mayoría de faltas graves salían de los mismos alumnos por reiteración de faltas leves. Sólo había dos agresiones por cada 100 alumnos en todo un curso. Lo que no especificaba el documento era qué pasaba cuando la violencia escolar pasaba a manos de adultos, como en el caso del familiar de un joven de Almería que le rompió la mandíbula a un profesor de un puñetazo.
En un informe paralelo sobre menores que el Defensor del Pueblo Andaluz presentará en el parlamento el próximo 1 de marzo, José Chamizo recuerda que "las medidas de prevención debieron surgir en 1997, cuando el fenómeno de la violencia escolar era incipiente. Quizá ahora llegan algo tarde". "Lo más grave es que los padres de un alumno que golpean a un profesor hasta romperle la mandíbula están preparando a sus hijos para que aprendan a usar la violencia", explicó ayer Chamizo.
Algunos sindicatos, como Anpe o Comisiones Obreras, denuncian que las directrices que el profesor debe seguir en caso de indisciplina no están claras. Demandan una guía para el docente, un manual a seguir y se quejan de que las leyes educativas han despojado al profesorado de autoridad. La otra cara de la moneda la representa la maestra de un colegio de Vélez (Málaga) que esta semana ha sido condenada a pagar una multa de más de 300 euros por darle una bofetada a un alumno en clase.
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