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Una asociación de mayores observa deficiencias en el proyecto

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) no está contenta con el anteproyecto de Ley de Dependencia elaborado por el Gobierno. El presidente de esa entidad, Eduardo Rodríguez Rovira, tildó a esta futura norma de "ley de beneficencia del siglo XXI". "Una ley para pobres, que olvida a las clases medias", dijo Rodríguez Rovira el pasado miércoles, después de presentar el informe que ha elaborado Ceoma sobre el texto del anteproyecto. Se refería al sistema de copago, por el que los usuarios tendrán que afrontar un 30% del coste del sistema.

"Proponemos que se quede en un 20%; si no, los que menos tienen pueden entrar en una residencia porque se les subvenciona, y los que más, porque tienen dinero para pagarla, pero las clases medias se quedan fuera".

Entre otras "deficiencias" de la ley, la principal preocupación que manifiestan los mayores estriba en la obtención de recursos. La financiación se basará en acuerdos bilaterales entre el Gobierno y las comunidades autónomas a través de sus departamentos de Servicios Sociales.

"Nosotros creemos en los impuestos, en reglas iguales para todo el mundo, según los porcentajes de población dependiente en cada comunidad, de forma parecida a como se financia la Sanidad", aseguran.

También destacaron alguna "discriminación por motivos de edad", como en el caso de la figura del asistente: "Si una persona mayor de 65 quiere seguir activa, no puede elegir esta asistencia personalizada", explicó Demetrio Casado, asesor técnico de Ceoma.

Cuidadores

Ambos recordaron que existen casi tres millones de personas dependientes en España. "Casi todos tenemos padres o abuelos. Es una ley que afecta a los cuidadores, que en pocos años serán un gran porcentaje de la población", dijo el presidente.

Por otro lado, el Partido Popular calificó el anteproyecto de ley presentado por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, de "declaración de intenciones vacía de contenido", y calificó el jueves de "chapuza" la memoria económica.

"La financiación se queda totalmente en el aire", dijo la portavoz adjunta del grupo popular en el Congreso, María Salom, según informa la agencia Efe. Para el principal partido de la oposición, resulta imposible garantizar la sostenibilidad de la financiación si depende de "convenios que tenga que firmar el ministro de turno con cada comunidad autónoma".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 20 de febrero de 2006