El CES pide que la Ley de Dependencia tenga garantizada la financiación estable

Prueba superada, pero con matices. El pleno del Consejo Económico y Social (CES) tiene previsto aprobar hoy su dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Dependencia. El órgano consultivo del Gobierno, en su repaso del texto legal, trata de blindar el nuevo derecho y asegurar su viabilidad. Pide que la financiación que garantice la atención a quienes no pueden valerse por sí mismos (más de un millón de españoles) sea estable, suficiente y sostenida en el tiempo. También reclama que la ley ofrezca más garantías para atender a los dependientes de manera adecuada y que no haya discriminaciones en función del territorio.

Asegurar el nuevo derecho que creará la Ley de Autonomía Personal y que la financiación esté garantizada para que el futuro Sistema Nacional de Dependencia (SND) funcione parece ser la preocupación del CES. El SND consistirá en servicios públicos y concertados, desde teleasistencia a centros de día, pasando por residencias especiales o ayudas económicas. En 2015, cuando esté implantado, la inversión pública para levantar el sistema habrá sido de 25.000 millones de euros.

El dictamen, de 34 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se detiene en 30 de los 45 artículos del anteproyecto de Ley de Autonomía Personal, presentado en enero al organismo por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. El CES, integrado por empresarios, sindicatos y consumidores, cooperativas y expertos, concluye que el anteproyecto "es un avance importante en el proceso de modernización del sistema de protección social", pero destaca la necesidad de que "el contenido mínimo de las prestaciones y servicios del sistema, que debe precisarse en la ley, responda a criterios de suficiencia y adecuación a las necesidades de las personas en situación de dependencia, garantizando el principio de equidad territorial".

Ya se propone una nueva redacción al artículo 1, para "reconocer explícitamente el carácter de derecho subjetivo" que crea el texto. Pide incluir que la ley "tiene por objeto reconocer el derecho de atención a las personas en situación de dependencia" y también que el futuro SND esté compuesto por una "adecuada y suficiente red de prestaciones y servicios".

Según el CES, el texto legal debería ajustarse a lo acordado en la mesa de diálogo social el pasado diciembre, y especificar que la financiación del SND será "estable, suficiente y sostenida en el tiempo" y se determinará "asegurando la corresponsabilidad" de todos los implicados. También sugiere que se incluya que ningún ciudadano en situación de dependencia quedará sin atender por falta de recursos económicos.

También remarca el CES la "parquedad" del fundamento constitucional del texto legal (vinculado al artículo 149.1.1 de la Constitución, el que declara que es competencia exclusiva del Estado, asegurando su capacidad para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles), aconsejando que se acoja a un "título claro y sólido" para evitar ambigüedades y conflictos de competencias con las comunidades autónomas.

El CES señala algunas incoherencias en el articulado, entre ellas atribuir a las comunidades autónomas el determinar las prestaciones de dependencia. El organismo estima que debe ser el Consejo Territorial de Dependencia (en el que están el Estado y las comunidades autónomas) el que defina cuáles son las prestaciones homogéneas en todo el Estado. Las comunidades deben limitarse a la aplicación de éstas.

Entre las consideraciones generales, el CES advierte de que el texto legal "debe delimitar con claridad el contenido mínimo común del derecho exigible en cualquier parte del territorio español" y pide precisión para definir conceptos como las "prestaciones y servicios garantizados" o el "contenido básico común de derechos".

También pide que se considere que buena parte de los dependientes, sobre todo mayores, vive en municipios rurales y con dispersión geográfica, lo que genera graves dificultades de accesibilidad a los recursos sociales. Y critica que no se prevea la creación de un órgano similar a la Alta Inspección Sanitaria para garantizar que Estado y comunidades autónomas cumplan con sus cometidos.