Miles de saharauis acuden a Badajoz para recuperar la nacionalidad española

Miles de saharauis procedentes del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, de los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, y de Mauritania peregrinan desde hace un año a Badajoz para recuperar la nacionalidad española que perdieron en 1976, cuando el Gobierno de Arias Navarro abandonó la provincia africana. Provistos de sus viejos libros de familia y documentos de identidad, se empadronan en los pueblos y gestionan permisos de residencia como españoles de origen. Esos permisos son el primer paso para recobrar su antigua nacionalidad.

En El Aaiún, muchos marroquíes ofrecen 8.000 euros por libros de familia españoles

Joaquín León es el jefe de la oficina de extranjería de la subdelegación del Gobierno en Badajoz. Aunque jamás ha pisado el Sáhara, su nombre es célebre entre los saharauis de El Aaiún, Dajla y Bojador. También lo conocen los refugiados en la región argelina de Tinduf, e incluso los que se han establecido en Mauritania. Todos saben que se trata del hombre clave para lograr su anhelo: recuperar la nacionalidad española.

Los saharauis comenzaron a llegar a Badajoz, donde existe una larga tradición de solidaridad con los refugiados de Tinduf, entre agosto y septiembre de 2004. Se habían enterado de que la subdelegación del Gobierno en esa provincia -una de las que menos presión migratoria soporta- resolvía en menos de un mes expedientes que en otros lugares de España se demoraban más de un año.

Primero llegaron los refugiados de Tinduf, pero pronto la noticia sobrevoló los campos de minas y los muros que mantienen a los saharauis separados desde hace 30 años, y se extendió por las ciudades ocupadas por Marruecos y, más al sur, por las influyentes comunidades de los exiliados en el norte de Mauritania.

"Cada vez llegan más"

Aparecieron en Badajoz con una idea imprecisa de la geografía extremeña, pero con una valiosa agenda de contactos. En ella figuran el alcalde de Olivenza, Ramón Rocha; el de Villar del Rey, Eduardo Durán; la asistenta social de éste último pueblo y del vecino Alburquerque, Rosario Martín...

"Cada vez llegan más", declara el subdelegado del Gobierno, Inocencio Ramos. En los pueblos de Badajoz figuran empadronados miles de saharauis. En Olivenza (11.400 habitantes) hay 740; en Villar del Rey (2.600 habitantes) hay 258; en Alburquerque (6.000 habitantes), sólo en un día se empadronaron 80...

Ninguno trabaja. Llegan a esas localidades, alquilan una casa en la que se dan de alta, hacen sus gestiones, matan el tiempo tomando el sol en las plazas y, en cuanto obtienen sus papeles, se vuelven por donde han venido. No se dan de baja en el censo, por lo cual hay casas en las que aparecen empadronados más de 200, aunque sólo ocho personas vivan en ellas al mismo tiempo.

Como antiguos ciudadanos españoles, los saharauis que nacieron en el Sáhara antes del 26 de febrero de 1976, fecha en la que España abandonó el territorio en manos de Marruecos y Mauritania, tienen derecho a una autorización de residencia permanente, en virtud del artículo 72.2.d del Reglamento de Extranjería. Esa autorización les permite residir y trabajar en cualquier lugar de España durante cinco años. Sus hijos pueden obtener permisos similares de un año, prorrogables hasta cinco (artículo 45.2.c del Reglamento). Entre 2004 y 2005, la subdelegación de Badajoz concedió 1.660 permisos y rechazó 714 solicitudes.

Para la mayoría de los peticionarios, el permiso de residencia es sólo el primer paso hacia un objetivo mayor. Lo que más les interesa es una línea del documento que les expide la subdelegación del Gobierno al concedérsela. En ella, el Estado les reconoce su condición de "españoles de origen" o de "hijos de españoles de origen". Esa línea es la que les permite sostener más tarde, ante el juez del Registro Civil, su solicitud de nacionalidad española. La resolución judicial suele tardar entre 18 y 24 meses.

La subdelegación conoce la importancia de la frase y por eso, antes de estamparla, somete a los solicitantes a una investigación exhaustiva, cuyo resultado avalan cinco sellos oficiales del país de procedencia. Esos documentos certifican que el reclamante es la misma persona que figura en los viejos documentos españoles.

Además, hay una prueba de identidad definitiva, sin la cual ningún expediente recibe el visto bueno: el cotejo de las huellas dactilares que aparecen en los antiguos documentos con las de los reclamantes. Con esa comprobación, que realiza la Comisaría General de Extranjería y Documentación, la Administración intenta conjurar las prácticas mafiosas que, inevitablemente, rondan todos los procesos de extranjería.

A pesar de esas cautelas, funcionarios marroquíes venden en el Sáhara libros de familia españoles, incautados hace 30 años, por entre 6.000 y 8.000 euros. El mismo dinero que ofrecen en las calles de El Aaiún marroquíes deseosos de emigrar a los saharauis que han conservado sus documentos.

Esos viejos papeles se han convertido, al cabo de tres décadas, en un bálsamo para aliviar el dolor de la diáspora saharaui. Es el caso de Wahat. Éste joven de 26 años, procedente de los campamentos de refugiados de Argelia, no conoce todavía a su padre, residente en el Sáhara ocupado por Marruecos: "España", explica, "es la única posibilidad que tenemos de reunirnos con nuestros familiares".