"Sin apoyo fiscal es difícil el ahorro a largo plazo"

Los patrimonios acumulados en Entidades de Previsión Social Complementaria (EPSV) representan un 25% del PIB de Euskadi, todavía lejos del "100% de los países más desarrollados en esta materia", según Ignacio Javier Etxebarria (Amorebieta, 1959), presidente de la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria.

Pregunta. ¿Cómo ven el proyecto de Plan de Previsión Social Complementaria promovido por el consejero Joseba Azkarraga que quiere impulsar los planes de pensiones de empresa?

Respuesta. Considero que un plan de previsión para Euskadi era oportuno, urgente y deseable después de más de 20 años de la primera normativa vasca al respecto. Toda la Federación defiende la seguridad jurídica y la potenciación de los sistemas de previsión ante el enorme reto demográfico.

"Si no se desarrolla más la previsión complementaria, muchos tendrán que seguir trabajando bastante más allá de los 65 años"

"La negociación colectiva puede determinar que todos los empresarios y los trabajadores deban aportar al sistema de previsión pactado"

P. ¿Se puede poner en marcha sin el apoyo de los sindicatos y con la oposición de los empresarios?

R. A cada uno le corresponde su función. En todo caso, siempre es responsabilidad de los gobiernos establecer los marcos para que los ciudadanos y los agentes sociales actúen. Si luego estos actúan o no, es su responsabilidad. En todo caso, siempre tienen la oportunidad de exponer sus alternativas, que esperemos que sean razonables y realistas. También los gobiernos tienen mecanismos para prescindir de la negociación colectiva en estos casos, pero parece oportuno que las partes tengan una oportunidad. Además, todo tiene costes. Si no se desarrolla más la previsión complementaria, muchos trabajadores tendrán que seguir trabajando bastante más allá de los 65 años, y eso va a ser muy duro para los ciudadanos, sindicatos y empresarios. En todo caso, lo cierto es que ya un tercio de los trabajadores vascos cuentan con una previsión social de empresa establecida en convenios.

P. ¿Puede provocar esto un sobrecoste para las empresas?

R. Toda aportación supone al principio algún tipo de coste. La cuestión es saber cuánto y si compensa. Según estimaciones del Informe Turner, presentado al Gobierno británico, un 1% de aportación supone un incremento de los costes de alrededor de un 0,3%. Dicho informe concluye que una aportación del 3%, si se establece de forma gradual, no perjudica ni al mercado de trabajo ni al tejido productivo. El peso de las pensiones va a caer, tarde o temprano, sobre todos los actores productivos, y también sobre las empresas. Resolver el problema tiene sus ventajas.

P. ¿Les han consultado?

R. La federación, como parte interesada y como agente experto en la materia, fue consultada, como lo fueron los agentes sociales, a través del CRL.

P. ¿Puede funcionar este plan sin el acuerdo de las diputaciones forales en lo fiscal?

R. Si se quiere actuar pronto, para que las medidas tengan el efecto oportuno y la previsión complementaria cumpla los objetivos que se le asignan, son necesarios los incentivos fiscales. Sin el apoyo fiscal adecuado y proporcional, es difícil promover el ahorro a largo plazo entre los jóvenes.

P. ¿Es catastrofista el análisis que de la evolución demográfica y el envejecimiento poblacional del País Vasco que hace el Gobierno para justificar el plan?

P. A nosotros no nos parece un análisis catastrofista. Si vivimos más, trabajando lo mismo o menos, de algún sitio tendrá que salir el dinero. Eso es bueno, pero cuesta. Por otro lado, el análisis que se hace también lo hacen el Gobierno del Estado y la Comisión Europea.

P. ¿Se puede obligar a firmar una EPSV?

R. La adhesión a una EPSV es voluntaria. Ahora bien, esta voluntariedad puede ser colectiva; es decir, la negociación colectiva puede determinar que todos los empresarios y todos los trabajadores deben aportar al sistema de previsión pactado libremente.

P. ¿Qué necesidades tienen?

R. Ante este plan y ante la previsible reforma del IRPF en Euskadi, la cuestión del marco jurídico y fiscal tienen una alta prioridad. No sólo para mejorar la situación actual, sino también para garantizar la seguridad jurídica y evitar que se den pasos atrás.

P. ¿Demandan algún otro cambio?

R. Es necesario una clarificación del marco jurídico y fiscal de muchas casuísticas que no están reguladas o que lo están de una forma muy compleja o poco coherente.