El Congreso de EE UU investigará las escuchas

Congresistas republicanos del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes anunciaron el jueves un pacto con la Casa Blanca para abrir una investigación sobre el programa secreto de escuchas electrónicas, pero sin dejar claros los límites. Al tiempo, republicanos del Senado aceptaron congelar la investigación que ya habían abierto. En medio de esta discrepancia, los demócratas denuncian presiones y piden que el Congreso legisle sobre las escuchas. Un juez federal ha ordenado a la Administración que haga públicos algunos documentos sobre el programa.

Las negociaciones se pusieron en marcha tras el malestar creado en el Capitolio cuando el diario The New York Times desveló el pasado mes de diciembre que desde 2002 la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) tiene la orden presidencial de intervenir comunicaciones con el exterior de los que considera sospechosos de terrorismo, saltándose las disposiciones legales en Estados Unidos.

En la Cámara de Representantes, responsables republicanos del comité de Inteligencia aseguraron el jueves que habían acordado la apertura de una investigación, pero discreparon entre ellos sobre sus límites. Es muy distinto investigar si hay que cambiar las leyes y adaptarlas a que la investigación tenga como objetivo determinar si se violaron o no las leyes que regulan las escuchas y si el presidente se excedió en las atribuciones del poder ejecutivo marcadas por la Constitución. A lo primero hay cierta resistencia; a lo segundo, el Gobierno se opone con todas sus fuerzas, porque podría tener consecuencias y repercusiones políticas muy perjudiciales para George W. Bush.

Por su parte, Pat Roberts, que preside el comité de Inteligencia del Senado, transmitió que la Casa Blanca se compromete a que haya más información sobre las escuchas, y queda abierta la posibilidad de legislar y la promesa de introducir algunos cambios en la ley. Pero la investigación que estaba comenzando se quedó congelada: "En estos momentos, sería perjudicial para los programas secretos y para nuestros esfuerzos de llegar a algún tipo de acuerdo con el Gobierno", según Roberts, que no aceptó la acusación demócrata de que había "abdicado de sus responsabilidades".

Se lo dijo el demócrata Jay Rockefeller, que cree que es tan poco lo conseguido -el compromiso de modificar la ley de 1978 que regula las escuchas y la promesa de que la NSA informará más y mejor a los congresistas- que "hará que nos deslicemos hacia la irrelevancia". En su opinión, "la Casa Blanca ha aplicado una fuerte presión para impedir al Comité cumplir con su trabajo". La Casa Blanca hace muy pocas concesiones. La línea oficial la reiteró el portavoz, Scott McClellan: el presidente no necesita permiso del Congreso para ordenar escuchas, porque ya lo recibió, tres días después de los atentados del 11-S.

Pero la política de los hechos consumados y del cheque en blanco no es aceptada por prestigiosos congresistas republicanos como Arlen Specter, que preside el comité Judicial del Senado y que dijo en una conferencia: "No puede haber investigaciones policiales sin mandatos judiciales". Y Jack Warner, presidente del comité de las Fuerzas Armadas, cree que hay que adaptar las leyes "a los extraordinarios cambios en tecnología de los últimos 30 años".

La opinión pública está dividida, según los sondeos; la mitad de la población cree que no es ilegal el programa de escuchas. Entre los demócratas hay también matices: un grupo de ex responsables de Justicia, Defensa, el FBI, la CIA y la NSA acaban de publicar un manifiesto en el que dicen que "es esencial" contar con los instrumentos adecuados para luchar contra los terroristas, pero que las escuchas deben aplicarse de forma supervisada y garantizando la intimidad de los ciudadanos. Por eso piden la modificación de las leyes de 1978 y creen que "la seguridad queda reforzada si las escuchas se inscriben en un marco legal".

Documentos desclasificados

Además del debate a varias bandas que se lleva a cabo en el Capitolio, y en el que también hay que inscribir la inminente prórroga de la Ley Patriótica, el juez de Distrito Henry Kennedy determinó el jueves que un grupo privado (el Centro de Información sobre Intimidad Electrónica) tiene derecho a consultar varios documentos sobre la NSA y dio al Departamento de Justicia tres semanas para cumplir con el fallo. "El presidente Bush ha invitado a celebrar un debate sobre el programa de vigilancia electrónica, y sólo puede haber este debate si se aceptan estas peticiones y hay acceso a la información deseada".

Este fallo, sobre el que Justicia aún no ha anunciado su intención, es uno de los muchos que habrá en los próximos meses en lo que se perfila como una de las batallas políticas más importantes de los tres años que le restan al presidente Bush en la Casa Blanca.