Las condiciones del principio del fin

Qué dice y cómo lo dice. Todo el debate desencadenado por el presidente del Gobierno al asegurar que "el principio del fin de ETA está cerca" gira en torno al contenido de un posible e inmediato comunicado etarra que anuncie el fin de la violencia en el País Vasco. Sin ese comunicado, todo lo sucedido tendría difícil explicación (y posiblemente un alto coste político). Así pues, es lógico suponer que el Gobierno está a la espera de un texto que se encuentra ya en máquinas y que "encaja" con la resolución del Congreso aprobada en junio pasado. Es decir, que los adjetivos del anuncio (definitivo, final, total, inequívoco) tienen que casar con lo acordado en el Parlamento: se tienen que producir "las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción (...)".

¿Quién decidirá que el comunicado responde a esas condiciones? Se supone que primero deberá interpretarlo así el propio gobierno de Rodríguez Zapatero pero que la última palabra la pronunciará el Congreso de los Diputados. Será la mayoría de la Cámara (probablemente con el voto del PP en contra) la que tenga que considerar que se han cumplido las "condiciones adecuadas" y que procede "apoyar procesos de dialogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia". Sólo así podría el Gobierno empezar a discutir con la banda terrorista sobre el futuro de los presos etarras y solo así podría ponerse en marcha la mesa de partidos vascos encargada de discutir sobre un nuevo marco político-jurídico del País Vasco.

La experiencia de procesos similares (el caso del IRA y los acuerdos de Viernes Santo de 1998 suele ser el más citado) indica que esas dos negociaciones llevan su tiempo. Entre el anuncio del cese total de la violencia (20 de julio de 1997) y los acuerdos de Viernes Santo (10 de abril de 1998) pasó casi un año de conversaciones y encuentros más o menos oficiosos.

La parte menos complicada de la negociación, afirman los especialistas, suele ser la relacionada con los presos. Es cierto que en caso irlandés se trataba de 558 presos tanto del IRA como de los grupos armados unionistas que la habían combatido, principales responsables en total de 3.190 muertes entre 1969 y 1998 (2139 provocadas por el IRA y 1.051 por los unionistas, además de las 367 víctimas que causaron las fuerzas de seguridad). Los acuerdos de Viernes Santo fueron seguidos por una ley, aprobada casi sin debate en el Parlamento británico, por la que se fijaban las condiciones de la excarcelación. The Northern Ireland Sentences Bill creó una comisión encargada de examinar las peticiones de los presos tanto del IRA como de los unionistas que solicitaran la aplicación de esa ley y permitió una rápida excarcelación de la inmensa mayoría de ellos (todos los que hubieran cumplido una tercera parte de la condena). Los condenados a cadena perpetua en virtud de leyes antiterroristas vieron revisada su pena de acuerdo con leyes ordinarias y puestos en libertad igualmente al cumplir ese tercio del total.

Las negociaciones políticas suelen llevar más tiempo y, desde luego, tienen resultados mucho más lentos (todavía hoy no se han puesto en marcha en Irlanda del Norte aspectos sustanciales de los acuerdos jurídico-políticos de 1998). En el caso español se produce una característica especial que retrasaría aún más esa negociación política: para constituir la mesa de partidos vascos habría antes que legalizar a Batasuna y permitir que participe en las elecciones municipales del próximo año para calibrar, además, su auténtico peso electoral.

Es probable, pues, que cualquier debate sobre el nuevo marco jurídico-político del País Vasco se prolongara durante bastante tiempo después de anunciado el cese de la violencia. Por eso quizás Otegi asegura en todas sus entrevistas que ese anuncio exige, simultáneamente, una formulación política "abierta", que le permita asegurar a sus militantes, aunque sea con un texto que algunos consideren ambiguo, que, al menos dentro de Euskadi, todos los partidos políticos (excepto, evidentemente, el PP) reconocen el derecho de los vascos a decidir su futuro. Algo que el PSOE, luego, en Madrid, no puede aceptar. solg@elpais.es