El Gobierno reclama de forma oficial la devolución de sus 'papeles' de la guerra

El Gobierno vasco adoptó ayer por primera vez en una reunión de su consejo un acuerdo para solicitar oficialmente al Ejecutivo central "la devolución de la documentación incautada al Gobierno de Euskadi y depositada en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca". La portavoz y consejera de Cultura, Miren Azkarate, estimó que el 0,5% de los papeles allí depositados los que corresponden a instituciones de Euskadi.

El Gobierno sigue así la estela de la Generalitat catalana, cuyo trato por parte de la Administración central espera recibir también, y eleva con su acuerdo, que incluye una relación pormenorizada de los documentos cuya restitución se reclama, la formalidad de la reivindicación. Hasta el momento, la reclamación vasca se había limitado a dos cartas dirigidas el año pasado (el 17 de enero y el 20 de junio) por la propia Azkarate al Ministerio de Cultura, aunque el Ejecutivo estima que su petición ha sido una reclamación "viva" desde que el histórico dirigente peneuvista Manuel de Irujo la plantease por primera vez cuando era senador en 1978. La reclamación abarca un total de 13.477 legajos incautados en Bilbao, Santander, Barcelona, Valencia y Madrid.

Azkarate defendió que el fondo de archivo del primer Gobierno vasco, constituido en octubre de 1936, ya iniciada la Guerra Civil, "forma parte del patrimonio colectivo de la sociedad vasca actual" y definió al actual Ejecutivo como heredero de aquél. Los documentos, originales de los que la Administración vasca ya posee copias microfilmadas, "sólo tienen sentido en su ubicación natural", su Centro de Patrimonio Documental, destinado a a integrarse en el Archivo Nacional de Euskadi que el Ejecutivo de Vitoria piensa tener listo durante esta legislatura.

El acuerdo aprobado ayer por el Consejo de Gobierno califica además como "inaceptables" las recientes palabras de la ministra de Cultura, Carmen Calvo, en el Senado, que, según leyó Azkarate al término de la reunión, ponen en duda la legitimidad del primer Gobierno vasco. Calvo afirmó la semana pasada en la Cámara alta que la documentación requisada por los franquistas al Ejecutivo autónomo no será devuelta por haberse constituido éste después de la sublevación militar de julio de 1936.

La portavoz señaló que ese argumento supone que una ministra socialista "hace suya la interpretación de legitimidad del dictador Franco, para quien desde el 18 de julio de 1936 la única legitimidad" era la de los sublevados. Azkarate reivindicó el carácter de Gobierno de la República del que encabezó el lehendakari José Antonio Aguirre y recordó que fue un gabinete de concentración en el que se integraron consejeros del PNV, el PSOE, Izquierda Republicana, Acción Nacionalista Vasca y el Partido Comunista de Euskadi.

A juicio del Gobierno vasco, la propiedad sobre los originales está reconocida por la Administración central y considera fruto de ese reconocimiento los convenios firmados entre 1985 y 1991 para realizar el trabajo de identificación y descripción y de realización de la copias microfilmadas.