Adigsa pretende desalojar a varias familias que ocupan pisos de forma ilegal

Sin posibilidades de hacer frente a un alquiler, una quincena de familias ocupan numerosos pisos que la empresa pública Adigsa construyó en el barrio del Gornal de L'Hospitalet y que se mantienen vacíos desde hace tiempo. Cansados de optar a sorteos de vivienda pública sin éxito, decidieron dar una patada en la puerta e instalarse en ellos. Ahora, algunas de las familias están pendientes del desahucio instado por Adigsa.

Su deseo es poder vivir bajo un techo pagando "un alquiler asequible". "O entraba a la fuerza o me tenía que ir a vivir bajo un puente", explica Eva Rivera, de 32 años, que tras divorciarse ocupó un piso de la calle de Can Trias, en el que vive desde hace 11 meses. Con dos hijos de 6 y 10 años, su nómina de 1.000 euros no alcanza para pagar el comedor del colegio de los niños, vestirles y hacer frente a un alquiler de 700 euros, que es el coste medio de un piso en la ciudad.

Rivera sostiene que el piso que ocupa ahora llevaba tres años deshabitado. "Hay algunos que están vacíos desde hace ocho años", asegura. Hasta el momento, ha pagado los recibos de la luz y del agua, así como los gastos de escalera. Además, está empadronada en su domicilio actual. Ante el anuncio de desahucio, solicita que se legalice su situación y se le cobre por la vivienda lo mismo que a sus vecinos, que abonan 250 euros, el precio correspondiente al alquiler de vivienda pública.

Adigsa empezó a construir el barrio hace unos 30 años. "Siempre ha habido viviendas vacías", señala Ceci Torres, que hace dos meses ocupó un piso de la calle de Carmen Amaya. Al contrario que en otros casos en que hace más tiempo que se realizó la ocupación, explica que por el momento "la Administración no se ha enterado".Ceci Torres, de 33 años, trabaja limpiando las escuelas públicas de la ciudad, contratada por la misma Administración. Su nómina es de 715 euros. Unos amigos de la escalera que conocían su situación le comunicaron que el piso se encontraba libre. "No me niego a pagar un alquiler, sólo necesito que esté dentro de mis posibilidades y me permita comer", señala. Un joven del barrio le ayudó a abrir la puerta para entrar y una vez instalada decidió compartir el lugar con otra mujer y su hijo, de seis años.

Según los vecinos, los pisos vacíos se cuentan por docenas. Tanto Rivera como Torres tienen luz y agua en su vivienda. Reciben por carta los gastos porque las compañías mantienen el nombre del anterior inquilino. Sin embargo, no es el caso de todos los ocupantes, que dicen que están en el piso "de patada", en alusión a su modo de entrar en la casa.

"Una mujer con un hijo de tres años tiene que ir a buscar a diario agua a la fuente para poder bañar al niño", explican los afectados, que se están organizando para vehicular sus demandas. Asimismo, denuncian que algunas de las viviendas se encuentran en mal estado y requieren reformas.

Denuncias de vecinos

En diversos casos, han sido los propios vecinos los que han denunciado la situación de ocupación ilegal de viviendas de su escalera. Es entonces cuando mayoritariamente la Administración inicia los trámites para llevar a cabo el desahucio de los ocupantes ilegales.

Adigsa contabiliza 24 pisos vacíos en el Gornal; de ellos, 11 están pendientes de un sorteo restringido a personas discapacitadas que se realizará el día 23 y otros servirán para realojar a afectados por expropiaciones de las obras que se llevan a cabo en la zona de la Gran Via de L'Hospitalet.

La empresa pública cifra en sólo seis los pisos ocupados de forma ilegal, tres de los cuales tienen fecha de desahucio. "No es un problema sólo de estas familias, que han pasado por delante de otras que están en lista de espera", señalan fuentes de la empresa pública. En este sentido, un portavoz de Adigsa manifiesta que una de las viviendas ocupadas ya estaba adjudicada y el beneficiario "no ha podido trasladarse". Aun así, admite haber tenido hasta dos años pisos vacíos en el Gornal, si bien niega que el tiempo sea superior. Un periodo de desocupación tan prolongado se debe, según explica, a los trámites que deben realizarse para reformarlos, recuperar la titularidad y adjudicarlos de nuevo. En este aspecto, Adigsa conviene que "el sistema burocrático se debe agilizar". Por ello, se está contemplando la aprobación de un decreto que mejore el funcionamiento de las adjudicaciones y en el que intervendrán los servicios sociales de los ayuntamientos. A la vez, el Departamento de Bienestar Social traspasaría las competencias en esta materia al de Vivienda.

Los afectados poer los desahucios se concentraron ayer frente al Ayuntamiento de L'Hospitalet. El consistorio les aseguró que los citarán a una reunión conjunta con Adigsa para estudiar caso por caso. Los vecinos tienen previsto manifestarse de nuevo hoy en el centro de la población.