Los abogados de oficio del motín de Fontcalent critican la exigua minuta
El abogado Enrique Botella, letrado que impulsó ante el Tribunal Supremo el recurso que motivó la anulación del primer juicio por el motín de Fontcalent por vulneración de derechos fundamentales de los acusados , denuncia las "ínfimas" retribuciones económicas con las que Consejería de Justicia compensará a los abogados de oficio que ejercen, por segunda vez, la defensa de los encausados (ahora 12 presos) por la revuelta carcelaria de noviembre de 1990.
Fuentes de la Consejería de Justicia informaron de que los letrados que intervienen en este proceso recibirán en esta ocasión una paga por sus servicios de 766 euros. Botella califica esta cantidad de "ridícula" si se atiende, según él, a todas las horas que los defensores tienen que dedicar a este proceso judicial por su "especial complejidad". Fuentes de la Consejería de Justicia explicaron que, precisamente, por "este carácter complejo" del proceso se abona a los abogados un extra de 600 euros, a la cantidad estipulada inicialmente.
Las críticas de Enrique Botella, letrado del primer acusado, el preso Antonio Cortés, no han tenido eco en el Colegio de Abogados de Alicante. El órgano colegiado considera que se trata de "un salario social" y recalca el carácter "voluntario" de este trabajo. "Claro que nos gustaría que se pagara más, pero sabemos que estamos haciendo una labor social", comentó la diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Alicante, Lydia García Olcina. La adhesión de los letrados al sistema es voluntaria. Botella, quien asegura que en este asunto la cuestión crematística es el problema menor, exige la dimisión del decano del órgano colegial, Mariano Caballero, a quien reprocha no defender a sus asociados.
Impagos
El abogado denuncia que la consejería no le ha abonado su minuta en 600 euros, fijada con motivo de la primera vista oral del caso, celebrada en 2002. Justicia esgrimió que los abogados de oficio deben "justificar" ante el Colegio de Abogados, órgano que envía a Justicia los certificados. "Si no ha cobrado es porque en su día no lo justificó", explicaron fuentes del departamento de prensa de Justicia. Botella califica de "intolerable" el argumento de Justicia. "Es un hecho manifiesto que ejercí la defensa", asevera.
Otros letrados que ejercen de oficio la defensa de los procesados, entre ellos, José Manuel Berenguer, abogado del acusado Francisco Sánchez García, coinciden con Botella a la hora de denunciar la exigua remuneración. "Está claro que es un proceso que requiere mucha dedicación y a ello hay que añadir el gran número de sesiones de la vista oral [11, en el caso de la repetición del juicio]" comenta. La remuneración que percibimos es, evidentemente, insuficiente", añade el letrado, quien declinó responsabilizar a ningún organismo de la situación.
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