Ferrocarrils despidió en 1992 a nueve personas por criticar los planes de pensiones de sus directivos

Hace unos días, al leer los diarios, varias personas tuvieron una emoción especial: se reproducía la lista de directivos de Ferrocarrils de la Generalitat que, en época de CiU, decidieron crear un plan de pensiones con dinero de la empresa pero sin comunicarlo al consejo de administración. Fue en 1991 y el plan se mantuvo vivo hasta 2000. Entonces fue disuelto y quienes no habían cobrado antes (los que se fueron de la empresa, por propia voluntad o jubilación cobraron en el momento de irse) se repartieron el dinero. En total, 3,2 millones de euros. Hubo entonces algunas personas que se atrevieron a poner en duda que la decisión fuera la correcta. Lo pagaron caro: con el despido, luego declarado -salvo en un caso- improcedente por los jueces. Ahora, al saber que tenían razón y que quienes los despidieron lo hicieron para tapar la denuncia, se sienten moralmente reconfortados, aseguran.

La historia del despido es cuasi detectivesca, porque la empresa llegó a contratar detectives (según consta en una sentencia) para ver a quién tenía que despedir.

Todo empezó con unos anónimos, a efectos narrativos, porque la historia de verdad comienza con la constitución del plan de pensiones para los directivos de la empresa (tres de los cuales siguen en ella y ya han cobrado su parte). Los anónimos aparecían bajo el titular El Corcó.Los folletos se repartían de modo clandestino entre los empleados. En ellos se denunciaban supuestas tropelías de los dirigentes de Ferrocarrils de la Generalitat, sin dejar de lado las veleidades convergentes de algunos o las ambiciones de otros. En el primer número de los dos que salieron bajo el título de El Corcó se incluía la promesa de hablar en el futuro de los "seguros de vida y pensiones de jubilación" y se relacionaba con ellos al primero director general y luego presidente, Enric Roig. Roig acabaría siendo uno de los beneficiaros del plan de pensiones. Al dejar la empresa percibió una cantidad superior al millón de euros. También aparecía satirizado en el texto el entonces director financiero y luego presidente, Antonio Herce.

El segundo número de la efímera publicación concluía con una promesa: "Próximamente: se explicarán los suculentos fondos de pensiones de jubilación de directivos de FGC, cuyas primas ha pagado la empresa". Ese tercer número nunca vio la luz. En medio se produjeron los despidos.

Nunca se supo quién era el autor del anónimo y los intentos de este periódico, 14 años después, tampoco han dado frutos. Los directamente acusados por la empresa lo niegan. Pero quedan para la historia los afanes de un detective semiólogo que analizaba la semántica y las comas del escrito para deducir su autoría. Manuel Vázquez Montalbán, en la serie Carvalho, creó un policía semiólogo. Años antes, Ferrocarrils ya había encontrado un personaje similar aunque, tal como se temía el escritor, en el sector privado.

Gregorio Risquez, ex diputado socialista y uno de los despedidos, de modo improcedente según sentencia firme, supo de las habilidades filológicas de los detectives en una curiosa conversación que se celebró en un despacho que la empresa tenía en los locales de plaza de Catalunya. Igual que otros de los despedidos, fue citado para, supuestamente, hablar con el que con el tiempo sería director general, Miquel Llevat (también beneficiario del plan de pensiones). Pero Llevat abandonó la sala en cuanto entraron tres tipos que sacaron de sus bolsillos unas placas y se identificaron: "Ministerio del Interior". Los detectives utilizaron un tono que Francesc Benaiges, otro de los despedidos, hoy concejal socialista en Martorell, define como "coactivo y grosero". Entre insultos y preguntas, les explicaron que tenían pruebas de que el primero había escrito El Corcó. Pruebas basadas en "la semántica, las comas y los acentos", mientras que el segundo había sido el apoyo material, cosa que podía probar porque tenía "conocimientos de informática y, además, un ordenador con impresora". La juez que llegó a ver el despido de Risquez alude con desdeño a las aportaciones de los detectives. El caso de Benaiges ni se llegó a ver, la empresa aceptó su readmisión en la fase conciliatoria.

Menos suerte tuvo Rafael Moisés Molera Alcázar, dirigente de UGT en la empresa. También fue despedido. Su despido fue declarado improcedente, pero acabó tan harto de la historia que aceptó la indemnización. "Me alegro de haberlo hecho. La verdad es que al principio lo pasé mal", asegura. Benaiges y Risquez coinciden en que fueron hostigados.

Algunos de aquellos despedidos sopesan la posibilidad de personarse en la causa de los planes de pensiones en cuanto haya calificación fiscal. "Era dinero de la empresa y se lo repartieron privadamente", dicen. Y creen que el asunto de Ferrocarrils va más allá de que hubiera unas personas confabuladas para quedarse dinero de todos, con el permiso de los correspondientes consejeros de Política Territorial, que fueron Joaquim Molins (1988-1993), Josep Maria Cullell (hasta 1994), Jaume Roma (1994-1995), Artur Mas (1995-1997) y Pere Macias, hasta 2001, cuando fue sustituido por Felip Puig.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 12 de febrero de 2006.

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