Orihuela cierra el expediente de la Casa del Inquisidor con una multa y obvia la reconstrucción del edificio
La ya desaparecida Casa del Inquisidor, también conocida como Palacio Ruiz de Villafranca, en Orihuela, ha pasado a engrosar el catálogo de destrucciones irrecuperables. El Ayuntamiento de este municipio, gobernado por el PP, ha cerrado, cuatro años después del derribo de este edificio protegido, el expediente por infracción urbanística con una multa de 68.000 euros al empresario que borró del paisaje urbano oriolano uno de sus hitos históricos y obvia una orden de la Generalitat que obliga al constructor a reconstruir el edificio.
La Asociación de Amigos de Orihuela califica de irrisoria la sanción para lo que consideran un extraordinario "atentado" urbanístico ejecutado con "alevosía y nocturnidad" por parte de Construcciones Pedrera, SL, propiedad del empresario local Antonio Pedrera.
Según el Plan Especial de Protección y Conservación del Centro Histórico de Orihuela y atendiendo a una orden de la Generalitat Valenciana, el empresario está obligado a la reconstrucción del edificio. El colectivo cívico esgrime un escrito del Defensor del Pueblo en el que recuerda al Ayuntamiento "que es preciso que confirme a esta institución la reconstrucción del palacio conforme a las determinaciones establecidas en el plan especial".
El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Francisco Ortuño, remarca que la sanción, apenas once millones de las antiguas pesetas, no resarce ni de lejos la pérdida de un resto arqueológico de valor "incalculable". "Ha sido una operación rentable para el promotor, porque a cambio de una multa de risa obtiene un solar muy valioso", explica.
La concejal de Urbanismo en el Consistorio, Eva Ortiz, explica que la cuantía de la sanción la impone la ley de disciplina urbanística. Esta norma, según la edil, fija el importe de la multa sobre la valoración del doble de lo destruido, fijado por los servicios técnicos municipales.
La relevancia de la conservación de estos históricos inmuebles reside en su valor documental. Hubo un tiempo en que muchas de estas casas fueron moradas de hidalgos o escuderos ennoblecidos que tenían privilegios por derecho propio, entre ellos la potestad para colocar en sus casas solariegas su escudo de armas. Según la Asociación de Amigos de Orihuela, existen documentos que hablan de la Casa del Inquisidor desde, al menos, 1669. Fue propiedad de Gerona Rodríguez de Pisana, caballero de la ciudad de Orihuela quien, a su vez, la vendió a la familia Pérez-Cabrero, nobles originarios de Murcia. En 1724 la casa fue revendida al canónigo doctoral de la Santa Iglesia Catedral.
