Las familias afectadas por la explosión de gas en Santa Coloma aún no han sido realojadas

Hoy se cumple un mes de la explosión de gas que mató a dos personas en el barrio del Fondo, en Santa Coloma de Gramenet, y obligó a derribar tres edificios. Las 15 familias que perdieron sus casas aún no han sido realojadas en pisos provisionales. Cinco de ellas recibieron el viernes las llaves y esperan abandonar el hotel en una semana, una vez que sus domicilios provisionales sean amueblados. El alcalde de la localidad, Bartomeu Muñoz, aseguró que el resto de los pisos de alquiler se entregará durante la próxima semana. La mayoría de los afectados podrá continuar viviendo en Santa Coloma.

El secretario de Vivienda estima que el accidente costará entre 1 y 1,2 millones

Hasta el 12 de enero, Pedro Abat vivía en el bloque número 64 de la Rambla del Fondo. Pero la explosión de gas obligó a derribar el edificio. Desde entonces, él, su mujer y su hijo están alojados en el hotel NH La Maquinista. El viernes, Pedro recibió una buena noticia: el Ayuntamiento le entregó las llaves del que será su nuevo domicilio. Está situado en la calle de Dalmau, en el mismo barrio del Fondo. "Queríamos quedarnos aquí, más que nada por el niño", confesó. Pedro es el primero que ha empezado a recibir los muebles, pero aún no puede entrar a vivir. "Faltan cosas básicas, pero supongo que en unos días ya estará todo listo. La verdad es que ya no nos viene de una semana", añadió.

Más angustiada está Isabel Valcárcel, ex vecina del número 68. Ella también recibió las llaves el viernes, y se trasladará al centro de Santa Coloma, a la calle de Sant Carles. Ha sido citada para el miércoles a fin de escoger los muebles. "Me urge irme ya. Estamos todo el día en la calle, cansados y cada vez más deprimidos", dijo. Por suerte, tanto ella como Pedro están contentos con las características del nuevo piso. Más vale que les guste: hasta que se reconstruyan sus antiguas viviendas pueden pasar unos tres años, reconoció el secretario de Vivienda de la Generalitat, Ricard Fernández.

Hasta hoy, las 15 familias afectadas aún no han sido realojadas en los pisos de alquiler facilitados por el consistorio. De éstas, 10 viven en el hotel y el resto, en casas de amigos y familiares. Bartomeu Muñoz se comprometió a que el traslado se haga "de la forma más rápida posible" y "en función de las necesidades". Muñoz aseguró que los pisos restantes se entregarán esta próxima semana. La mayoría de las familias han decidido permanecer cerca del lugar donde vivían. Diez se quedarán en Santa Coloma, repartidas entre el barrio del Fondo y el centro. Otras cuatro tienen piso asignado en Badalona, aunque en dos barrios limítrofes con el Fondo. Sólo una familia se trasladará al Poblenou, en Barcelona.

Los pisos que reciben, cuyo alquiler mensual cuesta una media de 800 euros, no están para entrar a vivir. Nueve de ellos han tenido que ser "arreglados", dijo Fernández. Además, deben acondicionarse y amueblarse. La multinacional de origen sueco Ikea regalará los muebles, hasta un valor de 3.000 euros por vivienda. Si se excede esta cantidad, se responsbilizará la empresa pública Adigsa, que depende de la Generalitat. De hecho, Adigsa se hará cargo de todos los gastos derivados de la explosión: el derribo de los tres edificios, el pago de los pisos de alquiler, las dietas y las indemnizaciones. "Después, refacturaremos a Gas Natural, que nos lo pagará todo, y nosotros nos quedaremos limpios", señaló el secretario de Vivienda.

Hace tres semanas, Adigsa, el Ayuntamiento de Santa Coloma y Gas Natural firmaron un convenio. El pacto establece que la empresa gasista asume todos los costes, sin presumir por ello que sea la responsable del accidente que mató a dos personas, una joven que vivía en el entresuelo del número 66 y un operario de Gas Natural que intentaba reparar la fuga advertida. Fernández calculó que el coste de la explosión podría oscilar "entre 1 y 1,2 millones de euros".

Cuatro comerciantes perdieron también el negocio como consecuencia del accidente. En breve podrán reemprender su actividad. El alcalde señaló que el consistorio está "a punto de firmar" el contrato con tres de ellos: una tienda de todo a cien, un bar y una panadería. Así lo confirmó Carmen Llamas, la propietaria de la tienda de artículos a bajo precio. El local asignado tiene unos 600 metros cuadrados y está enfrente de la zona donde se produjo el accidente, bajo una plaza de nueva construcción. "El sitio nos gusta", dijo Llamas, que no obstante se mostró escéptica sobre la celeridad del proceso: "El Ayuntamiento está en negociaciones con el propietario". El otro comercio afectado, una cervecería, aún no tiene un local asignado.

Llamas también reclamó el pago inmediato de las indemnizaciones para compensar las pérdidas por el cese de la actividad. Muñoz dijo que los comerciantes empezaron a cobrar el viernes, pero Llamas replicó que aún no han recibido "ni un duro". "Suponemos que el lunes ya empezaremos a cobrar", añadió.