El Parlamento rechaza crear una ponencia sobre la situación de las cárceles

El PSE vio ayer rechazada, con los votos del tripartito y Aralar y la abstención del PP y EHAK, su propuesta de crear una ponencia parlamentaria que analizase mejoras en las cárceles vascas y tratase de implicar a las instituciones en acuerdos que permitan el cumplimiento extrapenitenciario de penas. El PP fracasó también en su intento de comprometer la financiación y ubicación de las nuevas prisiones anunciadas por el Ministerio del Interior.

Los grupos del Gobierno y Aralar derrotaron en el Parlamento el intento socialista de constituir una ponencia sobre las cárceles vascas. Los representantes del tripartito coincidieron en argumentar que una ponencia en la Cámara supondría una pérdida de tiempo, toda vez que el diagnóstico sobre la precaria situación está hecho. Los tres grupos del Gobierno pidieron como alternativa la transferencia de la competencia en prisiones.

Los portavoces de PNV, EA y EB recalcaron que son el PSOE y el PP los partidos sobre los que recae la responsabilidad por el deterioro de las cárceles vascas y consideraron que el grupo de trabajo propuesto por los socialistas sería una "ponencia trampa", en palabras de Kontxi Bilbao, de EB.

La socialista Mertxe Agúndez argumentó su iniciativa en el acuerdo alcanzado por la Cámara en octubre, al debatir el incremento de las muertes y las denuncias de abusos en la prisión de Nanclares de Oca, y en la preocupación mostrada por la propia directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, durante una visita realizada en 2004. Gallizo abogó además en septiembre pasado por buscar fórmulas opcionales al encarcelamiento para el cumplimiento de penas. "Los parlamentarios tenemos mucho que decir", defendió.

El PP presentó su propia enmienda, igualmente rechazada, en la que pretendía que el Parlamento instase al Ministerio del Interior a comprometer la financiación y el calendario y a aclarar la ubicación definitiva de las nuevas prisiones.

La Cámara se opuso también a otra iniciativa del PP para modificar el artículo 6.2 de la Ley de Territorios Históricos (LTH), de modo que las Juntas Generales pudieran dar rango de ley a sus normas en competencias exclusivas, particularmente las tributarias. El objetivo era que sólo fuesen recurribles ante el Constitucional.

Los portavoces del PNV en el Congreso plantearon también ayer ese blindaje, pero instarán que se aborde, como ya pidió el Parlamento, en la reforma de las leyes del alto tribunal y del Poder Judicial.