Ante el fin de ETA

Hay razones objetivas para pensar que estamos ante el principio del fin de ETA, dijo ayer Zapatero en una larga comparecencia en la que reprochó reiteradamente al PP su actitud desleal en un asunto como la política antiterrorista en el que los distintos gobiernos habían contado hasta ahora con la colaboración de la oposición. El presidente puso como ejemplo de esa deslealtad las acusaciones deslizadas con motivo de las salidas de prisión, al cumplir 20 años de cárcel, de etarras con condenas muy elevadas.

La expectativa del fin de ETA deriva de un hecho, los dos años y medio sin atentados mortales, y de determinadas informaciones reservadas: del CNI, se supone. El ministro de Defensa, de quien dependen los servicios secretos, los citó expresamente hace poco en apoyo de la misma hipótesis. Zapatero invocó razones de prudencia para no hablar de la respuesta a un eventual anuncio de abandono de la violencia por parte de ETA, aunque sí dijo que, ante esa situación, el Gobierno "se tomaría su tiempo" y actuaría en todo caso en el marco de la resolución aprobada por el Congreso.

Esa expectativa lleva a plantear la cuestión de si un proceso como el que parece augurar Zapatero puede plantearse al margen y sin la complicidad del primer partido de la oposición. El PP ha elegido esa cuestión como uno de los principales ejes de confrontación, llevándola incluso a las sesiones de control del Gobierno -algo sin precedentes- y lanzando acusaciones muy graves, calumniosas e injustas, como la de que el Ejecutivo está liberando presos como pago adelantado a ETA de una eventual tregua. Ante esa actitud, vino a decir Zapatero, no hay confianza para compartir informaciones reservadas con el jefe de la oposición. De todas formas, piensa que la dinámica en favor de un próximo fin de ETA es tan poderosa que una actitud obstruccionista del PP no la detendrá.

Ese obstruccionismo es bastante evidente. Sin embargo, el pasillo hacia el fin de ETA sin pagar un precio político es muy estrecho y obligará a tomar iniciativas que sólo serán posibles si existe un gran consenso político y ciudadano. No se trata tanto de las votaciones en el Congreso como de los casi diez millones de votantes del PP, y de la influencia evidente de ese partido en sectores sociales cuya comprensión será necesaria para convertir en definitivo el cese de la violencia. Si esto se produce, el Gobierno no sólo debe reclamar la responsabilidad de la oposición, sino tomar iniciativas que favorezcan la recomposición del consenso roto. Sin embargo, ello no otorga a la oposición un derecho de veto sobre la política antiterrorista, que es responsabilidad del Ejecutivo, como claramente establece el Pacto Antiterrorista. La lealtad tiene que ser de doble sentido, y por parte del PP brilla por su ausencia.