El PSOE mantiene la regulación de la muerte digna en el Estatuto

La ponencia del Estatuto catalán comienza hoy sus trabajos en el Congreso con el asunto de la definición de esta comunidad y los derechos fundamentales sobre la mesa. El PSOE ha enviado, para satisfacción de Izquierda Verde, un documento a sus socios en el que deja prácticamente intactos, salvo algunos retoques técnicos, los artículos que se refieren al derecho a una muerte digna, la laicidad de la enseñanza pública y los derechos de los gays.

CiU, y especialmente la formación democristiana de esta federación, Unió, ha tratado por todos los medios en las últimas semanas de cambiar algunos de estos apartados, especialmente sensibles para los católicos. El PSOE se ha comprometido con sus socios de Izquierda Verde, según el diputado Joan Herrera, a mantener ese acuerdo inicial a pesar de haber pactado con CiU la financiación, la parte más relevante del texto.

CiU ya votó en contra de esta parte del Estatut en el Parlamento autonómico. El PSOE propone modificaciones de carácter técnico en el artículo 40, que hace referencia a las uniones de los distintos tipos de familia, incluidas las de homosexuales, para dejar claro que son las previstas por la ley, y en el 41, que versa sobre los derechos de las mujeres a decidir sobre su salud sexual y reproductiva, para añadir que las actuaciones de los poderes públicos han de atenerse al marco de competencias de cada Administración. En el artículo 20, relativo a la muerte digna, los socialistas sólo han introducido una coma.

Herrera se mostró satisfecho con esta oferta del PSOE. Por contra, el ponente de ERC, Joan Ridao, explicó que los contactos de los últimos días con los negociadores socialistas no han aportado soluciones a los puntos que los republicanos consideran "inaceptables" y van a ser abordados hoy.

ERC rechaza, por ejemplo, la supresión de la palabra "nacional" en el artículo 8, dedicado a los símbolos (bandera, fiesta e himno). Los republicanos se quejan también de que el PSOE pretende introducir en el artículo 6, que trata sobre la lengua propia de Cataluña y las lenguas oficiales, alguna cláusula contra la discriminación "impuesta por los sectores que han lanzado una nueva campaña contra la lengua catalana" en los últimos meses.

Por otra parte, el consejero de Economía y Finanzas del Ejecutivo catalán, Antoni Castells, reclamó ayer incorporar a las comunidades forales -País Vasco y Navarra- al mecanismo de solidaridad interterritorial. "El Estatuto incluye una cláusula que impide efectos discriminatorios para Cataluña respecto a las restantes comunidades autónomas. Es decir, los mecanismos de solidaridad valen para todos. Y no tiene sentido que haya comunidades exentas", dijo. Este sistema de financiación para Cataluña y las demás autonomías ha sido duramente criticado por el PP, que lo ha tachado de insolidario. Sin embargo, el líder del PP catalán, Josep Piqué, presentó en febrero de 2005 una propuesta de financiación que se parece mucho a la actual. En el texto, que lleva el membrete del PP (como se aprecia en los párrafos reproducidos), se habla de "un modelo basado en la corresponsabilidad fiscal, de base federal", que "permita que los ingresos de las comunidades autónomas sean, muy mayoritariamente, independientes de las transferencias del Estado". Y se propone "que haya una tendencia a la homologación de la financiación per cápita".

Además, exige "ampliar la capacidad normativa en los tramos autonómicos de ciertos impuestos estatales de carácter especial, y revisar los porcentajes de participación". También plantea "incluir entre los impuestos estatales susceptibles de ser compartidos por la Generalitat el Impuesto de Sociedades". Por último, propone la creación de una agencia tributaria catalana consorciada con el Estado.