Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Siete detenidos por supuesta corrupción en el concurso canario de parques eólicos

El juez imputa a un ex alto cargo del PP, dos funcionarios, tres empresarios y un directivo de banco

La policía detuvo ayer en Las Palmas de Gran Canaria y Madrid a siete personas en relación con la supuesta trama vinculada con la Consejería de Industria del Gobierno canario en 2004, entonces dirigida por el consejero Luis Soria (PP), para amañar un concurso de parques eólicos. Entre los arrestados figuran el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, del PP, supuesto autor de la filtración de información privilegiada, dos funcionarios, tres empresarios, madrileños y canarios, y el directivo de un banco.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en Las Palmas de Gran Canaria y Madrid al anterior director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, y a otras seis personas más por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas, quien instruye el conocido como caso eólico, una supuesta filtración de información privilegiada en 2004, meses antes de que se convocara un concurso para la instalación en las islas de aerogeneradores que produjeran 344 megavatios de energía eléctrica. La operación policial, bautizada como Eolo, incluyó 13 registros en las dos capitales, entre ellos algunos despachos oficiales en el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Gran Canaria.

Cuando el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, expulsó a los populares del Ejecutivo (rompiendo 10 años de pacto entra nacionalistas y populares) el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, José Manuel Soria (también presidente de los populares en las islas y hermano del ex consejero de Industria), rescató a Perdomo como responsable informático de esta corporación, donde ayer fue detenido, al tiempo que los agentes se incautaron material informático y documentación.

Junto al ex alto cargo del PP, los detenidos son Mónica Quintana Pérez, actual pareja de Perdomo y funcionaria de Educación del Cabildo Insular de Gran Canaria (gobernado por el también presidente del PP canario, José Manuel Soria), y el alto funcionario Honorato López Torres (actual jefe de Área de la Dirección general de Industria en el Gobierno de Canarias, con una carrera intachable en la función pública).

Red de empresas

Los tres empresarios también detenidos ayer son Wilebaldo Luis Yanes, titular entre él y sus hijos de una red de empresas y sociedades radicadas en Las Palmas, que recibió los correos electrónicos enviados por el ex alto cargo de Industria Enrique Guzmán López y Alfredo Briganti Arencibia -amigo personal de Perdomo-, estos dos últimos empresarios con domicilio en Madrid. Briganti Arencibia era el secretario del consejo de administración de la empresa Promotora de Recursos Eólicos, creada con apenas 3.000 euros, sin experiencia en el sector de la energía eólica.

El séptimo detenido fue Jesús González Martín, jefe de Tesorería de la Caja Insular de Ahorros de Canarias en la sede de la comercial calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria. González Martín y Briganti, supuestamente, serían cauce de más poderosos inversores.

La policía intervino ayer abundante información a los detenidos, a los que requisó sus ordenadores. La evaluación de esta información llevará semanas. Hasta el momento, buena parte de los elementos indiciarios parten de las escuchas practicadas a los miembros de esta supuesta trama. Los detenidos se encontraban hasta ayer por la tarde en la comisaría central de Las Palmas de Gran Canaria. El Partido Socialista Canario ha anunciado que se personará en la causa "para tener conocimiento directo del proceso", confirmó su secretario general, Juan Carlos Alemán.

El conocido como caso eólico se destapa a partir de una denuncia efectuada a finales de 2004 por el responsable comercial de la empresa Siemenca (propiedad de Wilebaldo Luis Yanes), tras ser despedido. Alberto Santana presentó un informe ante la Fiscalía Anticorrupción, donde advertía de que desde la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, entonces gobernada por Luis Soria (hermano del presidente del PP, José Manuel Soria), se enviaron correos electrónicos con información privilegiada a distintos empresarios con varios meses de antelación a la convocatoria de un concurso público para instalar parques de molinos de viento. Uno de los correos reflejaba, según el denunciante, el reparto de comisiones millonarias (30 millones de euros de los que 12 serían para los políticos). La investigación efectuada por el titular del Juzgado número 7 de Las Palmas incluyó varias escuchas telefónicas. A partir de éstas, el caso eólico derivó en otro paralelo, ya que uno de los investigados, el empresario Wilebaldo Luis Yanes, fue el mediador entre un familiar de un acusado de narcotráfico y el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín, que fue suspendido de sus funciones por el Consejo del Poder Judicial.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de febrero de 2006