El Gobierno liberaliza las tarifas de Telefónica tras 80 años de regulación

Telefónica gozará por fin de la ansiada libertad de tarifas. Después de más de 80 años de regulación, el Gobierno deja de fijar los precios de la compañía. La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha decidido eliminar el sistema de precios máximos por el que se regía el conjunto de tarifas de telefonía fija. Telefónica fijará libremente los precios pero deberá informar a la CMT con 10 días de antelación. No obstante, la medida no afecta a la cuota de abono mensual que cobra la compañía a sus clientes, que seguirá siendo regulada por el Gobierno hasta que la CMT se pronuncie.

Libertad de tarifas para Telefónica. La CMT, el máximo organismo regulador de las telecomunicaciones, anunció ayer la eliminación del sistema de precios máximos referenciado a la inflación (conocido como price cap), por el que se rigen las tarifas del conjunto de servicios de Telefónica.

La medida, que entrará en vigor en el plazo aproximado de una semana, permitirá a Telefónica fijar libremente de acuerdo con el mercado los diferentes precios de llamadas, tanto para empresas como para particulares. La CMT ha adoptado esta medida al entender que existe un grado suficiente de competencia en el mercado de la telefonía fija, tras el análisis que ha encargado la Comisión Europea a todos los reguladores de la Unión.

El sistema de precios máximos, cuyo tope fija anualmente el Gobierno, era el último vestigio de regulación en materia de tarifas telefónicas, ya que tanto las tarifas del resto de compañías de telefonía fija e Internet, así como las del móvil se encuentran completamente liberalizadas. El price cap, que entró en vigor en 2000, fue el primer avance en esa liberalización. Anteriormente, y durante los casi 80 años que duró el monopolio de Telefónica, el sistema era más férreo, ya que todos los precios eran autorizados por el Gobierno.

La Comisión Delegada para Asuntos Económicos, el máximo órgano del Gobierno en materia de precios, aprobó en diciembre el último price cap, correspondiente a 2006, con la congelación de la factura telefónica, es decir, que la variación del precio de la cesta compuesta por los diferentes tipos de llamadas (metropolitanas, provinciales, interprovinciales, internacionales y de fijo a móvil) no supone ninguna subida.

Cuota de abono

Esa orden quedará derogada en cuanto entre en vigor la norma aprobada por la CMT. No obstante, la libertad de tarifas aún no atañe a la cuota de abono mensual, el concepto más importante de la factura telefónica, ya que representa más de la mitad del gasto mensual del consumidor medio. El regulador decidirá próximamente si liberaliza o no esta cuota, actualmente fijada en 13,43 euros al mes sin IVA (26,86 en el recibo bimensual).

Pese a la libertad de precios, la CMT seguirá vigilando a Telefónica. La operadora seguirá sometida a la obligación de comunicar al regulador cualquier oferta comercial, programa de precios, descuento o paquete de servicios, 10 días antes de su comercialización en el mercado (en lugar de los 21 días actuales). Asimismo, tampoco afecta al redondeo, que prohibió el Gobierno.

La compañía no podrá realizar ofertas en contra de la libre competencia, como son las reducciones de precios anticompetitivos (estrechamiento de márgenes o precios por debajo del coste), o el empaquetamiento de servicios.

La medida fue recibida de muy distinta manera por Telefónica y por las asociaciones de los consumidores. La compañía saludó la decisión como "positiva", aunque exigió que se extienda esa liberalización a otros ámbitos, como los precios mayoristas que cobra a las compañías de Internet o la normativa para cambiar de operador. Esta última normativa, por ejemplo, impide a Telefónica contactar con los clientes que se pasan a otra compañía de la competencia.

Mientras tanto, la Federación de Consumidores en Acción (Facua) recibió con preocupación la noticia por entender que la experiencia ha demostrado, en sectores como los carburantes o, sin ir tan lejos, la telefonía móvil, que la ausencia de tarifas reguladas no ha traído como consecuencia mayores niveles de competencia ni beneficios para los consumidores.