Landa atribuye a la falta de consenso el escaso reconocimiento a las víctimas

El nuevo director de Derechos Humanos del Gobierno, Jon Landa, compareció ayer por vez primera en el Parlamento ante la ponencia sobre Víctimas del Terrorismo, en la que se comprometió a dirigir sus prioridades "allí donde el derecho a la vida esté puesto en tela de juicio". Landa no mencionó a ETA en ningún momento de su exposición, pero mantuvo un discurso contundente sobre la intención última de su actuación en el cargo: la consolidación en la sociedad vasca de un rechazo "indubitado" y de una "condena sin paliativos" del terrorismo, tendentes a su "deslegitimación de raíz", a la par que al reconocimiento social de sus víctimas. Landa precisó que la hoja de ruta de su actuación serán las medidas aprobadas en la Cámara en julio de 2003 y febrero de 2005.

El responsable de la dirección de Derechos Humanos, dependiente de Justicia, consideró suficientemente satisfactorias las medidas de apoyo directo a las víctimas, pero no así las que tienen que ver con su reconocimiento social y "visibilidad política". Landa, quien ocupa el cargo desde finales del pasado octubre, señaló además que "el enfrentamiento partidista intensifica la victimización" de los afectados por el terrorismo. Su sufrimiento es tanto mayor, destacó, cuanto más intenso y crispado es el debate público con ellos como objeto.

A esa falta de consenso político atribuyó, por ejemplo, la imposibilidad de celebrar un acto anual en homenaje a las víctimas de ETA, tal y como quedó acordado en el Parlamento, y al que Covite se opuso en su día, aduciendo como motivo el plan Ibarretxe. Landa abogó ayer por encontrar una "fórmula imaginativa".La comparecencia de Landa a puerta cerrada ante la ponencia tenía por objeto exponer el grado de cumplimiento de las medidas ya aprobadas en defensa de las víctimas. Sin embargo, el nuevo director general basó en mayor medida su intervención, a cuyo texto tuvo acceso EL PAÍS, en exponer algunas intenciones de avance sobre las realizaciones de su predecesor, Txema Urkijo. A él atribuyó los méritos de todo lo ya planificado y prometió que no cambiará su rumbo. Landa precisó que, si acaso,una mejor coyuntura política le permitirá imprimir algunos matices y una mayor velocidad en la realización de su trabajo.

El nuevo director dedicó más de la mitad de su intervención a aspectos relacionados con la educación en la paz y los valores democráticos, sobre la que el Gobierno está comprometido a presentar un plan interdepartamental en esta legislatura. El responsable de Derechos Humanos expuso algunas ideas audaces y entre ellas citó la de "hacer presente al colectivo de víctimas del terrorismo en los centros educativos", aunque se mostró consciente de las dificultades de acercarse a "tan delicada cuestión". El fin que se perseguiría con esas comparecencias de víctimas en las escuelas sería "lograr una convivencia firmemente arraigada en el rechazo a la violencia".

Otro de los que llamó "retos" pendientes es lograr "la implicación en esta política de EITB", con la que la dirección de Derechos Humanos ha realizado alguna colaboración puntual. Landa aspira ahora a "dar el salto a una línea de trabajo permanente", de modo que la radiotelevisión pública ejerza en el futuro "una pedagogía activa contra el terrorismo y en defensa de las libertades y en el reconocimiento de las víctimas".

Entre los planes nuevos que expuso figura diseñar un Foro de Asociaciones que trabajen en la materia, con una secretaría técnica. Landa abogó por elevar la coordinación en el seno del Gobierno y para ello propuso crear una comisión interdepartamental, en la que reclamó la presencia también de la Dirección de Víctimas.

"La cara del terrorismo"

Las direcciones de Derechos Humanos, Innovación Educativa, Juventud y Acción Comunitaria trabajan ya conjuntamente, informó. Landa cifró en 76 los centros educativos involucrados en proyectos de educación por la paz.

El director de Derechos Humanos abogó por que los centros se doten unidades didácticas o instrumentos "verdaderamente eficaces" ante el objetivo final: "Confrontar de forma adecuada a nuestra juventud con la verdadera cara de la violencia terrorista". Su opinión es que esos proyectos deben extenderse también al ámbito municipal y al del asociacionismo. En ese terreno, avanzó que su aspiración es comenzar a trabajar con proyectos piloto, primero en centros, municipios o asociaciones que se vean como más receptivos, para ampliarlos después "a grupos de centros y ayuntamientos con buenas prácticas", hasta su generalización.

Sobre las medidas de atención directa a las víctimas, Landa señaló algunas cuestiones pendientes, como la ventanilla única en la Audiencia Nacional, donde los afectados sufren, dijo, "una sensación de abandono y confusión desoladora". También pidió que se arbitren allí medidas para separar a las víctimas de los familiares de los acusados y que miembros de la ponencia parlamentaria les acompañen a los juicios. Landa señaló como un problema la reserva de plazas en las ofertas públicas de empleo, porque otras víctimas como las de la violencia de género podrían reclamarlo también.

Apoyó a la Dirección de Víctimas en su petición de que se eleve de decreto a ley el rango de las medidas de solidaridad y reiteró la necesidad de implicar a los ayuntamientos, de montar foros cívicos de respaldo y de prohibir actos atentatorios para la memoria de las víctimas.