Camps critica la forma pero salva el fondo de la nueva financiación

Gerardo Camps, consejero de Hacienda y portavoz del PP en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada el martes en Madrid, nadó pero guardó la ropa. Camps siguió el guión trazado el PP y censuró cuestiones formales sobre el acuerdo de financiación autonómica que deriva del pacto sobre el Estatut catalán alcanzado entre socialistas y nacionalistas catalanes en el Congreso. Pero evitó críticas hacia el fondo del modelo, quejas que sí plantearon otros consejeros autonómicos.

Los consejeros del PP reclamaron aclaraciones sobre el acuerdo de financiación autonómica para Cataluña alcanzado entre los grupos parlamentarios del PSOE y CiU en el Congreso, según precisó Gerardo Camps en la reunión del CPFF. Camps recurrió al guión y tachó de "intolerable" e "inadmisible" que se pueda alcanzar un acuerdo sobre financiación autonómica al margen del CPFF con un interlocutor, CiU, que ni siquiera tiene representación en el órgano que reúne a los responsables de Hacienda del Gobierno central y las comunidades autónomas.

Pedro Solbes y Jordi Sevilla, ministros de Hacienda y Administración Pública, cogieron el guante e invitaron al PP a debatir con los grupos parlamentarios implicados. Para facilitar la tarea, ofrecieron a los interesados consultar el contenido del acuerdo a través de la secretaría de Hacienda. Los representantes del Gobierno informaron sobre las modificaciones introducidas en las tarifas y tramos exentos del IRPF; de sus futuras repercusiones sobre las finanzas autonómicas; y plantearon un calendario de trabajo para lograr que el futuro modelo de financiación autonómica pueda entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2008.

Camps, como portavoz del PP, fue el primer consejero autonómico que tomó la palabra y aportó el ruido imprescindible. Pero no se detuvo en ningún aspecto del acuerdo de financiación pactado entre el PSOE y CiU.

Sus colegas de Castilla y León y Baleares, sin embargo, sí arremetieron contra algunos aspectos del acuerdo para Cataluña, sobre todo en lo relativo al compromiso de mantener un volumen de inversión estatal acorde a la aportación de Cataluña al PIB español. Uno apostó por el criterio territorial y quiso vincular las inversiones estatales a los kilómetros cuadrados de su territorio. Otro subrayó los costes derivados de la insularidad.

El consejero gallego, representante del gobierno apoyado por el PSG y el Bloque Nacionalista Galego, sugirió que las inversiones estatales debería vincularse a la densidad de población en determinadas zonas geográficas.

Camps evitó ese choque. El programa de estabilidad presupuestaria que debe aplicar la Generalitat entre 2005 y 2008, que fue pactado en el seno del mismo consejo en octubre de 2004, sugiere al Estado que sería bueno mantener un volumen de inversión acorde con la aportación de la Comunidad Valenciana al PIB. Un punto que coincide exactamente con el aspecto más criticado del acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios del PSOE y de CiU.

Solbes aclaró que, en cualquier caso, el destino de la inversión estatal es una prerrogativa del Gobierno, más aún, un mandato constitucional, que no puede someterse a revisión en el seno del CPFF.

Los consejeros del PP rechazaron cualquier acuerdo, siquiera sobre un calendario de trabajo. Pero concedieron que participarán en las negociaciones para elaborar un modelo de financiación que el Gobierno pretende entregar al Congreso en septiembre para sea tramitado en 2007 y entre en vigor el 1 de enero de 2008. Por primera vez, el Gobierno atenderá las iniciativas autonómicas antes de presentar su propia propuesta de acuerdo.