La mayoría socialista frena un recurso de la Cámara ante el Constitucional por la deuda histórica de 2006

La mayoría absoluta del PSOE rechazó ayer una iniciativa de Izquierda Unida, apoyada por PP y PA, para que el Parlamento recurra ante el Tribunal Constitucional los Presupuestos Generales de 2006 por no incluir la deuda histórica. Una vez más la Cámara andaluza abordó el debate de esta disposición adicional del Estatuto, con el intercambio de papeles de PSOE y PP, según gobiernen o no en la Moncloa. Los socialistas apelaron a la negociación a la que se ha comprometido el Ejecutivo central, mientras que la oposición criticó la dilación de los plazos y el estancamiento de las conversaciones.

Como todos los años desde 1997, Izquierda Unida llevó al pleno parlamentario una iniciativa para promover un recurso de la Cámara ante el Tribunal Constitucional contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por excluir, también una vez más, una cantidad en concepto de deuda histórica. En años anteriores -antes de alcanzar el poder en España- los socialistas habían suscrito este recurso, mientras que el PP, entonces en el Gobierno central, los rechazó. Ayer el PP, sin embargo, votó a favor, con lo que la discusión entre ambos partidos en el hemiciclo volvió a girar sobre la permuta de sus posiciones según convenga a los intereses de sus sedes nacionales.

La portavoz de IU, Concha Caballero, abrió y cerró el debate, de un único turno, en el que predominaron las invocaciones al agravio de Andalucía frente al trato que reciben otras comunidades. El argumento más repetido por los tres portavoces de la oposición fue que mientras los andaluces llevan 25 años con la reivindicación de la deuda histórica [disposición adicional del Estatuto sobre la nivelación de servicios] -los mismos que tiene la norma autonómica-, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha cerrado en seis horas con los catalanes unos principios de financiación. "Incluso", dijo Concha Caballero, "se han inventado una deuda histórica para Cataluña durante siete años de unos 3.000 millones de euros para infraestructuras".

La izquierdista aseveró que el incumplimiento continuado del Estatuto andaluz en lo que se refiere a la disposición de la deuda histórica es un desdoro para los andaluces y para las instituciones se autogobierno, además de dejar en un lugar más que comprometido al presidente de la Junta, Manuel Chaves. También se refirió con ironía a las "voces ilustradas" que dijeron que el concepto de deuda histórica era caduco y tercermundista. "¿Qué dicen ahora estos ilustrados cuando en comunidades autónomas más desarrolladas se establecen los mismos mecanismos?", preguntó.

Concha Caballero dirigió dardos de la misma intensidad contra el PP y le recordó que se han llevado ocho año negando a la deuda histórica, en algunas ocasiones con desdén y mordacidad. No obstante, el popular Antonio Sanz hizo un ejercicio de abstracción y defendió ardorosamente el pago de la disposición adicional, a la vez que acusó a los socialistas de querer darle el "cerrojazo" y firmar su "defunción" sin haber abonado ni una sola anualidad. Sanz se refería a los 20.000 millones de las antiguas pesetas que se transfirieron en tiempo de José María Aznar tras la asignación ordenada por su predecesor en la presidencia, Felipe González.

La andalucista Pilar González comenzó su intervención con citas cinéfilas y semi literarias, y puso el énfasis en la frustración y ofensa que supone a los ciudadanos andaluces ver año tras año como lo que dicta su Estatuto no se tiene en cuenta. Al igual que Caballero, también reprochó al PP sus cambios de opinión y los saltos en el discurso.

La posición del PSOE la defendió Ángel Gallego, quien aprovechó la introducción en el mundo literario de la portavoz andalucista para rellenar de citas y metáforas su intervención y pasar de puntillas sobre el fondo de la cuestión.

"Cajeros a palos"

Gallego devolvió al PP sus acusaciones casi con las mismas palabras y conminó a los populares a no presumir de haber sido "cajeros a palos" al pagar los citados 20.000 millones de pesetas que ordenó poco antes de disolverse el Gobierno del PSOE. En resumidas cuentas, el portavoz apeló a la oportunidad de la política para resolver el problema de la deuda que colea durante años en lugar de los tribunales, y la negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Puntualizó que cuando se desestimaron los recursos de inconstitucionalidad que se habían ido presentando contra los Presupuestos Generales, se hizo una salvedad con la deuda histórica, y recordó que en la reforma del Estatuto los socialistas han vuelto a apostar por ella.

De otro lado, el consejero de Economía, José Antonio Griñán afirmó en una comparecencia posterior que es "falso de toda falsedad" que Andalucía o cualquier otra comunidad vaya a registrar recorte alguno como consecuencia del modelo planteado en la negociaciones del Estatuto de Cataluña. Griñan explicó que en la víspera las autonomías habían acordado en Madrid crear un grupo de trabajo sobre financiación, "así que estamos en el comienzo de una reforma".

Griñán reiteró lo dicho hace una semana en comisión parlamentaria sobre la propuesta de Andalucía e insistió en el que método de acuerdo será la negociación multilateral.