_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Intranquilos

El juez ha dejado en libertad con cargos a los policías locales, detenidos tras la muerte de un hombre en Marbella. Que hable la justicia. Que se demuestre qué ocurrió durante la detención de ese hombre, cuyo cadáver, en el colmo de la miseria de su destino, ha tardado dos días en identificarse.

En Roquetas de Mar la juez ha dictado auto de procesamiento contra nueve guardias civiles por un presunto delito de trato degradante y lesiones en el llamado caso Roquetas en el que murió el agricultor Juan Martínez Galdeano en el acuartelamiento de la Guardia Civil de la localidad. Dos casos y la misma sensación desasosegante, ante unos hechos en los que una persona muere, a consecuencia o no de los golpes, pero habiendo recibido golpes antes de su muerte. No dictemos sentencia. Que hable la justicia. Y sin embargo desde la prudencia y con toda fe en el Estado de Derecho, nadie nos puede prohibir el sentimiento de indefensión que nos produce el hecho de que un ciudadano pueda ser golpeado, durante su detención, de tal manera que la conclusión de una juez tenga que ser la de que los guardias pudieron haber cometido un delito de trato degradante y lesiones. ¿Qué habría ocurrido si ese trato no se hubiera producido? Nada más legítimo que esa pregunta. Un detenido es un ciudadano, mantiene todos sus derechos reconocidos por la Ley, aun cuando la infrinja, que si lo hace hay otras leyes para juzgarlo. Hay lugares en el mundo en los que la obsesión por la ley y el orden llevan al desorden moral sin ley. Pero no es el caso, vivimos en un Estado de Derecho, por eso los jueces actúan cuando se producen hechos sospechosos de falta de respeto a los derechos de un ciudadano por parte de la autoridad. Cuando la autoridad lleva pistola, cuando tiene porras y puños entrenados, debe saber utilizar esas armas con toda precisión, con toda profesionalidad, con todo rigor; así es como tienen que actuar los policías y los guardias, con precisión, profesionalidad y rigor para no extralimitarse. Si un detenido se resiste dirán algunos ¿qué hace la policía? pues seguir actuando con la máxima impecabilidad, para que ese ciudadano que se resiste, sea no solo detenido, sino reducido en caso de resistencia, sin sufrir un trato degradante. Ni un solo ciudadano debería sentirse tranquilo cuando las cosas no ocurren así.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
SIGUE LEYENDO

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_