Servidores públicos
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, comunicó ayer al Consejo Fiscal el cese de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional; el máximo órgano consultivo del ministerio público, que votó en 1997 de forma unánime contra su nombramiento sin conseguir impedirlo, dividió esta vez sus opiniones. En un primer momento, el interesado intentó disfrazar el cambio de destino como si fuera una baja voluntaria; esa aparente renuncia, sin embargo, sólo se proponía eludir la apertura del expediente disciplinario que le hubiese destituido. Conde-Pumpido -cuya dimisión fue solicitada ayer de forma insólita también por la mitad del Consejo Fiscal- es acusado por el PP de haber adoptado su decisión con tenebrosos propósitos y de forma irregular. De creer a sus defensores, Fungairiño habría sido despojado del derecho a conservar indefinidamente su puesto: a diferencia de la independencia e inamovilidad de los magistrados, el ministerio público está gobernado, sin embargo, por los principios de unidad y dependencia jerárquica.
Los apologistas de Fungairiño recuerdan su larga ejecutoria en la Audiencia Nacional -desde 1980- como investigador de los crímenes de ETA para inferir después, a partir de ese constatable historial profesional, una conclusión política tan infundada como ominosa: el verdadero objetivo de la infame destitución del heroico e insustituible fiscal jefe del tribunal sería dar un giro de 180 grados a la política del Gobierno en el País Vasco, sin temor a que la vigilancia de Fungairiño impidiese la vergonzosa capitulación del Estado de derecho frente al terrorismo. La fundamentada tesis técnico-jurídica suscrita anteayer por la Junta de Fiscales del Supremo sobre el cumplimiento efectivo de la pena de un etarra condenado por 26 sentencias a 4.799 de prisión por 82 asesinatos, que rectificó la interpretación expansiva realizada hace un mes por la Audiencia Nacional, también ha sido utilizada por el PP como prueba de los propósitos del Gobierno de ceder ante ETA.
Con independencia de la dedicación de Fungairiño a los sumarios de ETA a lo largo de 25 años, otros fiscales han realizado ese tipo de trabajo con valentía y competencia: regalar al destituido fiscal jefe de la Audiencia Nacional el monopolio de la sabiduría y el coraje es una solapada manera de infravalorar a los restantes miembros -casi 2.000- de la carrera fiscal. Por lo demás, el privilegiado acceso en solitario de una misma persona durante largo tiempo a informaciones secretas sobre terrorismo no trabaja necesariamente a favor de la eficacia del Estado de derecho: siempre existe el peligro de que ese material confidencial pueda ser patrimonializado por el titular de un cargo público en defensa de la conservación de su puesto de trabajo o al servicio de objetivos partidistas.
La caracterización de Fungairiño como abnegado servidor público ingratamente tratado por el Gobierno no cuadra con una parte significativa de sus actuaciones profesionales: baste con recordar su apadrinamiento de los fiscales indomables de la Audiencia Nacional y del juez Gómez de Liaño. El elogio de la lealtad de los servidores del Estado a las instituciones públicas nunca debería pasar por alto el grado de legitimad del poder ni los beneficios personales obtenidos a cambio: esa socorrida fórmula retórica sirve de coartada a los cómplices de las dictaduras (incluido el franquismo) para equiparase ilícitamente con los representantes del Estado de derecho. Fungairiño sostuvo en 1997 que los golpes militares de Chile (1973) y Argentina (1976) sólo pretendían "una sustitución temporal del orden constitucional" a fin de "subsanar sus deficiencias": ¿qué mejor ejemplo de la bastarda equiparación entre los sistemas democráticos basados en la soberanía popular y los regímenes autoritarios apoyados sobre los sables? Durante su comparecencia en julio de 2004 ante la comisión parlamentaria de investigación del 11-M, Fungairiño trató a los diputados españoles con menos deferencia que a los militares del Cono Sur. Tras alardear de su ignorancia sobre el terrorismo islamista y el sumario del atentado, la actitud obstruccionista y displicente del entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional -encargada de instruir el horrible crimen de los trenes de la muerte- implicó una humillante tomadura de pelo para los comisionados.
