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Unos estafadores usaron la identidad de dos indigentes para engañar a 39 malienses

Oriol Güell

La compleja estafa cometida contra un grupo de inmigrantes de Malí de la que fue escenario la región el año pasado está creando desconcierto entre las autoridades policiales y judiciales a medida que se van conociendo sus flecos.

Al menos 39 ciudadanos de Malí fueron falsamente contratados y explotados por una empresa que les ofrecía trabajo y papeles a cambio de 300 euros. Todo era en apariencia legal, pero después de un mes de repartir publicidad los inmigrantes descubrieron que todos los papeles que les habían entregado (el contrato, el recibo y el cheque de la nómina) eran falsos.

Tras denunciar el caso ante CC OO y la policía, los inmigrantes han descubierto ahora que sus supuestos patrones eran dos indigentes que solían dormir en albergues y cuya identidad presuntamente usurparon los estafadores.En realidad, los dos mendigos cuya identidad figuraba como la de los patronos de los 39 inmigrantes malienses -R. T. M., de 32 años, y J. A. F., de unos 35- habían sido, a su vez, engañados por una tercera persona, M. J. S., con antecedentes por estafa y otros delitos. Aun así, el Ministerio de Trabajo ha impuesto una sanción de 234.039 euros a R. T. M., uno de los dos mendigos, por una falta muy grave contra los derechos y libertades de los extranjeros.

Los inmigrantes de Malí se dieron cuenta de que habían sido víctimas de una estafa el pasado 13 de julio, cuando, cansados de esperar semanas para poder cobrar su primera nómina, acudieron a CC OO a pedir ayuda. El sindicato les informó de que la supuesta empresa que les había contratado no existía. Para todos fue un mazazo. "Hemos tardado meses en llegar a España, cruzando el desierto y el mar. Y hemos pagado mucho dinero a las mafias", explicó entonces Seydou Sissoko, de 24 años.

Él y su amigo Djibi Kanouté explicaron cómo habían sido reclutados por los estafadores: "Yo estaba en un parque y se me acercaron dos personas que me ofrecieron trabajo y papeles. Un amigo me dijo que un jefe español quería personas para trabajar y daba papeles". La supuesta oferta de trabajo les fue hecha a finales de mayo y principios de junio. Pero era sólo la primera de las muchas mentiras que iban a recibir.

Todo falso

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Los estafadores les cobraron 300 euros por los trámites que debía realizar la empresa para regularizar su situación en España y les dijeron que iban a trabajar en una empresa de limpieza. Todo falso. Tampoco eran verdaderos los contratos de trabajo (copias de documentos legales que les reconocían un salario mensual de 750 euros y un mes de vacaciones) que firmaron. Y la actividad que realizaron durante un mes, repartir publicidad por buzones, tampoco se ajustaba a lo que les habían dicho.

El caso estalló cuando, hartos de trabajar sin cobrar nada, los inmigrantes se negaron a pagar más dinero (los estafadores les pedían otros 2.300 euros) y exigieron su primera nómina.

Les dieron unos cheques, pero también eran falsos. Fuentes de CC OO explican que, "llegados a este punto, el caso parecía ser una estafa más de las muchas que han sufrido los inmigrantes por su necesidad de papeles y trabajo y su situación de absoluta indefensión jurídica". "Pero pronto vimos que en este caso todo era más complejo de lo que parecía y que había más estafados", señalan.

El sindicato se fijó en que todos los papeles que habían dado a los inmigrantes iban firmados por dos personas: R. T. M., una mujer de 32 años, y J. A. F., de unos 35. "Ellos eran en teoría los estafadores, e intentamos localizarlos", explica Isabel Rodríguez, secretaria general de Actividades Diversas de CC OO. "Conseguimos hablar con J. A. F. y nos dio la sensación de que no se enteraba muy bien de lo que estaba pasando", añade Rodríguez. EL PAÍS también habló con J. A. F. el pasado 13 de julio. El hombre explicó que él creía "que todo era legal". "Me parece que a mí también me ha engañado mi socio", añadió.

"Iba muy perdido"

Los responsables de CC OO se extrañaron de la actitud de este supuesto estafador. "Se ofreció a venir con nosotros y los inmigrantes a poner la denuncia en comisaría. Y vimos que iba muy perdido. Al salir de comisaría, nos pidió dinero para coger el metro y nos explicó que dormía en el albergue de San Isidro", cuentan desde el sindicato.

R. T. M. era la otra persona que aparecía en los papeles de la falsa empresa como administradora. CC OO remitió la documentación a la Inspección del Ministerio de Trabajo, que inició una investigación contra ella que culminó el pasado 30 de diciembre. El inspector considera que la mujer ha incurrido en "falta muy grave" de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Por ello, propone una sanción de 6.001 euros por cada uno de los 39 inmigrantes de Malí incluidos en la denuncia. En total, 234.039 euros.

Esta cifra se podría ver incrementada porque hay otros inmigrantes cuyos trámites de denuncia realiza CC OO. El problema es que R. T. M. es otra indigente y que, además, podría encontrarse aún en mayor riesgo de exclusión social que J. A. F, según fuentes de los servicios sociales. R. T. M. es natural de Palma de Mallorca y, según fuentes policiales, tiene al menos tres denuncias por abandono del hogar interpuestas hace unos años por sus familiares. La mujer es vieja conocida de las redes sanitarias y sociales públicas.

Desconcierto ante el caso

R. T. M., la indigente utilizada para la estafa contra 39 inmigrantes malienses, fue usuaria habitual del albergue de San Isidro y de otros servicios de atención a indigentes hasta el pasado verano, cuando estalló el caso, según fuentes de los servicios sociales. Desde entonces, nadie la ha vuelto a ver. "Parece que el cabecilla del grupo, M. J. J. S., captó a los indigentes como testaferros para llevar a cabo la estafa, y que los dos no han sido o no han querido ser conscientes de lo que ocurría", explica Isabel Rodríguez, de CC OO.

El sindicato se muestra "desconcertado" por la situación jurídica en la que se encuentra el caso, que las autoridades tampoco parecen capaces de explicar. "Nosotros denunciamos el caso en comisaría y ante el Ministerio de Trabajo. Trabajo ya ha resuelto, pero, tratándose de una indigente la sancionada, suponemos que deberá ser declarada insolvente, y la situación de los inmigrantes, resuelta por otras vías", dice Rodríguez.

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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