"Debemos asumir que habrá que restringir el uso del vehículo"

Esther Larrañaga (Mondragón, 1959) acaba de cumplir siete meses como consejera de Medio Ambiente.

Pregunta. A lo largo de más de 20 años, el Gobierno ha emitido un centenar de declaraciones de impacto ambiental, todas ellas positivas. Y en un mes sale la primera negativa en Txingudi y se anuncia otra simlar para el parque eólico de Ordunte. ¿Qué ha cambiado?

Respuesta. Más que cambiar, han coincidido dos proyectos que tenían un impacto ambiental severo según los técnicos, porque la declaración de impacto ambiental es un procedimiento administrativo y el análisis es técnico.

P. ¿Han hablado con la consejería de Industria, que posee el 50% de la promotora del parque eólico?

R. Industria tiene el informe en sus manos y la decisión.

"Para desestimar el parque eólico de Ordunte no ha pesado el rechazo de otras instituciones. Es una decisión con un fundamento técnico"

"Industria y Transportes tienen interés en la cuestión ambiental. La política industrial tiene muy en cuenta el componente ambiental"

P. ¿Va a haber mayor celo con los proyectos eólicos?

R. En 1995, cuando se hizo el plan sectorial de parques eólicos, se eligieron una serie de ubicaciones. En Ordunte, puesto que diez años no pasan en balde, el conocimiento se ha profundizado y no es viable. Sigo pensando que el resto puede continuar.

P. ¿En Ordunte ha pesado, además de la presión social, el rechazo de instituciones como la Diputación de Vizcaya?

R. En absoluto. Es una decisión con un fundamento técnico. La declaración evalúa la incidencia en el medio ambiente y en este caso determina un impacto severo.

P. ¿Tras estas dos declaraciones negativas, las empresas e instituciones van a tener que pensarse más los proyectos?

R. Veinte años no pasan en balde. Tanto los promotores públicos como privados tienen mayor conocimiento del entorno y trabajan previamente.

P. Ecologistas y otros sectores han señalado que Medio Ambiente choca con otras áreas como Industria y Transportes. ¿Hay roces?

R. Indudablemente, en algunos momentos puede haber intereses con matices diferentes, pero no se puede afirmar, sino todo lo contrario, que no tengan interés en la cuestión ambiental. La política industrial tiene muy en cuenta el componente ambiental.

P. Los ecologistas constatan avances en la existencia de más normativas, pero luego no hay una vigilancia adecuada.

R. Es muy difícil tener un inspector o inspectora controlando las 17.000 o 18.000 actividades económicas de esta comunidad autónoma. Son mejorables los procesos de inspección y sobre todo los tiempos de respuesta.

P. ¿Hay un control de los vertederos?

R. Sí existe en todos los debidamente autorizados. La mayoría actúa con total transparencia, pero tampoco puedo negar que en alguno no exista esa transparencia. No obstante, en este país, como en otros, ha habido tendencia de verter donde no está legalizado.

P. ¿Cuál es su postura sobre el puerto exterior de Pasajes?

R. Que, antes de la decisión, haya una reflexión y que nos centremos en la regeneración de Pasaialdea.

P. Su antecesor se mostró muy crítico con la Supersur, la nueva autovía en Bilbao. ¿Qué opina?

R. La posición que fijó [Sabin] Intxaurraga es la lógica de cualquier responsable de Medio Ambiente. Eso debiera ir aparejado con una gestión de la demanda y oferta de tráficos, con transporte público. Supongo y espero que lo hayan hecho.

P. Es contradictorio construir más carreteras cuando el transporte es el sector que más ha aumentado la emisión de gases nocivos en 15 años.

R. Hay grupos que dicen que el desarrollo sostenible exige parar absolutamente todo en este país. No es la opción de este Gobierno ni de este departamento. Es verdad que en carreteras las políticas públicas tienen gran responsabilidad, pero también los ciudadanos.

P. Tendrá que llegar un momento en que se decida no construir más grandes carreteras.

R. Creo que la red de carreteras está definida básicamente. La apuesta es ahora la ferroviaria.

P. Su antecesor planteó también posibles restricciones en el uso del vehículo.

R. La normativa europea de calidad del aire establece medidas cuando se superan determinados umbrales y una puede ser parar el tráfico y otra parar las obras. Eso sí, hay que adoptarlas de común acuerdo con los municipios. Si fuera alcalde o alcaldesa, no me temblaría la mano para parar el tráfico una o dos horas o en determinadas zonas. Son medidas que debemos asumir con cierta normalidad y que habrá que adoptarlas con determinadas situaciones.

P. ¿Cómo cree que se resolver el conflicto con el chalet del ex lehendakari Ardanza en Urdaibai?

R. La ley está para cumplirla. La sentencia del Tribunal Superior estableció que la disciplina urbanística es competencia del Ayuntamiento de Arteaga. Al ser otra institución, confío en que lo hará.

P. Hasta ahora no lo ha hecho y cabe la posibilidad de que pueda prescribir en mayo.

R. El Ayuntamiento ha recurrido la sentencia, pero sigo confiando en que las instituciones cumplan la ley, y que no haremos que el tiempo se convierta en una cortina de humo.