Dos prismas para repartir el dinero

Las cartas, casi todas, están sobre la mesa. Y ahora empieza un periodo de negociación en el que las voces de Andalucía y Cataluña serán claves para configurar un acuerdo de financiación autonómica al que se puedan sumar todas las comunidades. El Gobierno central calcula que el futuro modelo no entrará en vigor hasta 2008. El motivo es que hay que conjugar los intereses de todas las comunidades de régimen común (15, todas menos el País Vasco y Navarra) y que las negociaciones no se prevén sencillas.

El primer paso se dará el próximo martes, cuando se cree un grupo de trabajo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano que reúne al Gobierno central y a todas las comunidades autónomas, que tendrá la misión de dar los primeros pasos para perfilar el futuro sistema de financiación.

De este sistema se conocen ya los grandes trazos, pero falta por definir la letra pequeña, los ajustes que hacen que las cuentas salgan o no. Los grandes trazos son que la cesta de impuestos que compone la principal fuente de ingresos de las autonomías va a experimentar un considerable incremento: el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pasa del 33% al 50%; el IVA del 35% al 50% y los impuestos especiales (tabaco, alcohol e hidrocarburos), del 40% al 58%.

Esta cesta de impuestos fue pactada entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de CiU, Artur Mas, para sacar adelante el Estatuto catalán en la tramitación en el Congreso de los Diputados.

Andalucía ha apoyado esta nueva cesta de impuestos y ha sido, junto a Cataluña, de las primeras en desvelar sus propuestas para el futuro sistema de financiación. La comparación entre lo que proponen Andalucía y Cataluña tiene algunas similitudes, pero también diferencias, que se centran, sobre todo, en cómo afrontar dos asuntos tan complejos como la solidaridad interregional y las inversiones del Estado en cada comunidad. Las coincidencias y las discrepancias entre la propuesta catalana y la andaluza son las siguientes.

Agencia Tributaria

Las dos comunidades contemplan crear una Agencia Tributaria autonómica. Esta agencias recaudarán los impuestos cedidos y los propios de las autonomías. Asimismo, contemplan hacer consorcios con la Agencia Tributaria estatal para la gestión de los impuestos compartidos (IRPF, IVA e impuestos especiales).

Capacidad normativa

El futuro sistema dará más margen a las autonomías para subir o bajar los impuestos, sobre todo en el IRPF. El Ministerio de Economía y Hacienda pretende que las comunidades puedan poner recargos autonómicos en el IVA minorista (el que efectúa el último pagador) y en los impuestos de hidrorcarburos y de la electricidad. El IVA tiene el problema de que es un impuesto armonizado en la Unión Europea y que debe ser ésta la que tiene que aprobar la posibilidad de que las autonomías tengan capacidad para poner recargos.

En cualquier caso, el Gobierno andaluz pone reparos a poner recargos al IVA por el riesgo inflacionista que puede tener por su relación directa con el consumo y los efectos que puede tener sobre la principal industria de la comunidad, el turismo.

Impuestos propios

Cataluña tiene en la actualidad el llamado céntimo sanitario (un recargo sobre los hidrocarburos para pagar la sanidad), el canon del agua y el impuesto sobre grandes superficies. Andalucía, en la actualidad, tiene la llamada fiscalidad ecológica. El consejero de Economía, José Antonio Griñán, ha planteado en el Parlamento que se dé más margen a las autonomías para crear nuevos impuestos y que la Administración central se comprometa a no recurrirlos ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno andaluz quiere que el dinero de estos impuestos se destine a financiar prestaciones o servicios propios de cada comunidad. Es decir, si una comunidad decide ampliar sus prestaciones sanitarias, este impuesto serviría para pagar este nuevo derecho.

Solidaridad

El fondo de suficiencia cubre la diferencia entre las necesidades de financiación de las autonomías y lo que perciben por sus ingresos tributarios. Con el futuro sistema, Cataluña ya no va a necesitar el fondo de suficiencia, pero Andalucía, sí. Los partidos catalanes quieren introducir el llamado principio de ordinalidad, esto es que una comunidad no supere a otra en el ránking de renta per cápita una vez que se aplica el fondo de suficiencia. El Gobierno andaluz va a plantear un blindaje del fondo de suficiencia para que crezca cada año conforme al producto interior bruto nominal (PIB más inflación) o según crezcan los ingresos tributarios del Estado (ITE). Además, Andalucía quiere que en el futuro sistema se pondere la población en edad entre 0 y 25 años para pagar la competencia de educación, que, junto a la sanidad, es la que absorbe la mayor parte del gasto autonómico. En el caso de Andalucía, la sanidad y la educación absorben el 57,6% del presupuesto autonómico de 2006. En la sanidad ya se pondera la población que tiene más de 64 años.

Inversiones

El acuerdo entre el Gobierno y CiU establece que el Estado invertirá en los próximos siete años en Cataluña según la aportación de esta comunidad al PIB de España, el 18,9%. En Andalucía, PSOE e IU se han apresurado a incluir en el Estatuto una cláusula para que la inversión estatal en Andalucía sea conforme al peso de la población de la comunidad en el conjunto de España (el 17,8%), ya que el criterio del PIB perjudica a Andalucía (aporta el 13,8%).

Además, el Gobierno andaluz quiere que el Gobierno duplique el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), un mecanismo para invertir en las regiones más desfavorecidas. Según Griñán, si la partida del FCI se doblase de los 1.000 millones de euros actuales, Andalucía obtendría casi 700 millones de euros adicionales al año para inversiones.