La masificación en los pisos

El territorio de Cataluña ha cambiado en los últimos cinco años. Una nueva realidad constituye hoy el paisaje de nuestras calles, barrios y ciudades. La inmigración ha sido y es el fenómeno que con mayor fuerza está incidiendo en estos cambios de demografía y paisaje.

Esta nueva realidad no la debemos ver como un problema, sino como un reto que debemos gobernar con políticas de control y de mediación. La mejora de nuestra economía ha hecho que muchos ciudadanos de otros continentes hayan decidido venir a nuestro país.

En Cataluña viven casi 800.000 extranjeros, concretamente 798.904, lo que representa el 11,4%. Por provincias, en Barcelona, el 10,9%; en Girona, el 15,1%; en Tarragona, el 11,9% y en Lleida, el 11,3%. Marruecos es el país con mayor presencia en Cataluña, seguido de Ecuador, Colombia y Rumania.

Es evidente que las leyes siempre llegan más tarde que las realidades, siempre llegan después que las demandas de los ciudadanos. Tanto es así que los alcaldes ya empezamos a constatar la dificultad de dar soluciones a ciertos aspectos, como son la sobreexplotación de pisos y la conversión de locales comerciales en viviendas, sin que muchos de ellos tengan las mínimas condiciones de higiene.

La actual legislación obliga a los ayuntamientos a empadronar en una vivienda a todas las personas que así lo solicitan, sin limitación alguna, lo cual puede dar lugar a que en muchos pisos haya una sobreocupación por encima de lo que sería razonable. Este fenómeno genera problemas internos y, a la vez, de convivencia con la vecindad. Por ello, creemos que el Gobierno de España debería modificar la actual legislación. Así, debería regular el empadronamiento determinando el número máximo de personas que se pueden empadronar en una vivienda en función de los metros cuadrados de ésta. Esta medida redundaría en la calidad de vida tanto de los mismos inquilinos, sobre todo inmigrantes, como de sus convecinos.

Otro de los fenómenos que están afectando a nuestros barrios y ciudades es el destino que algunos propietarios están dando a sus locales comerciales para alquilarlos como vivienda o para pensión, sin haber hecho el cambio de calificación de local a vivienda y, además, sin tener la correspondiente cédula de habitabilidad.

Por ello los alcaldes pedimos al Gobierno de Cataluña que de manera urgente habilite un instrumento jurídico que faculte a los ayuntamientos para efectuar inspecciones y aplicar un régimen sancionador a todos los propietarios que están dedicando sus locales comerciales a una función diferente de aquella que se estableció en la licencia municipal de actividades.

Esta medida no debe ser incompatible con el hecho de que la Generalitat flexibilice las actuales normas urbanísticas con el objetivo de favorecer la transformación de locales comerciales que no tienen salida en el mercado en viviendas, siempre y cuando cumplan las condiciones de habitabilidad y seguridad. Ello provocaría un aumento del número de viviendas en el mercado y, a la vez, aseguraría las condiciones de habitabilidad y seguridad.

Las administraciones tenemos que procurar que los altos índices de inmigración no causen problemas en las comunidades de vecinos. Por ello pedimos al Gobierno de España y al de Cataluña que nos faciliten los instrumentos reglamentarios que nos ayuden a resolver los problemas de masificación en las viviendas y la inadecuación de éstas cuando se utilizan locales comerciales para este fin.

Celestino Corbacho es presidente de la Diputación de Barcelona y alcalde de L'Hospitalet de Llobregat.