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El PSE da un ultimátum de diez días a Madrazo para pactar la ley de Suelo

Exige tres condiciones mínimas para que el proyecto no sea devuelto por segunda vez

El PSE lanzó ayer un ultimátum al consejero de Vivienda, Javier Madrazo, para pactar la ley de Suelo: si en diez días no acepta sus tres condiciones mínimas, votará en contra del proyecto, que sería así devuelto al Gobierno por segunda vez en menos de un año al carecer de los apoyos necesarios. "Vivienda tiene un plazo muy corto para llegar a un acuerdo", advirtió el concejal de Urbanismo de San Sebastián, Jorge Letamendia. El PSE escenificó su último planteamiento en la negociación, abierta desde hace semanas, en una rueda de prensa en Bilbao de su portavoz en materia de vivienda, Jesús Loza, y alcaldes y concejales de los principales ayuntamientos en que gobierna. El departamento guardó ayer silencio.

Madrazo necesita ineludiblemente el apoyo de los socialistas o de EHAK, grupo con el que el acuerdo parece más complicado, para sacar adelante su proyecto estrella, que en febrero de 2005 ya fue devuelto al Ejecutivo. El PP ha manifestado de forma reiterada su oposición frontal al proyecto.

El proyecto, que el Gobierno aprobó en septiembre pasado con un texto idéntico al rechazado, se encuentra en trámite parlamentario. En diciembre iba a votarse, pero Madrazo pactó con los socialistas aplazar el debate para buscar un acuerdo. Ambas partes han mantenido tres reuniones oficiales, pero, según el PSE, no han servido para acercar posturas.

Loza reconoció algunos avances, pero recalcó que existen "tres puntos de fricción muy serios". Se trata de la exigencia socialista de que los ayuntamientos también puedan promover viviendas protegidas, que se cree la figura de los pisos tasados con precios de entre 120.000 y 186.000 euros y que, junto a la nueva figura del agente urbanizador para agilizar la salida de suelo al mercado, se mantenga el actual sistema de compensación.

"Si no hay avance [en estas tres cuestiones] no habrá acuerdo", destacó Loza. La próxima reunión entre ambas partes se ha fijado para el jueves. El portavoz socialista, quien recordó que su grupo ha presentado más de 110 enmiendas, enfatizó que el proyecto debe contar con el respaldo municipal. Recordó que la asociación de municipios Eudel "tiene una posición parecida" a la de su partido y ha afirmado de "manera reiterada que es un mala ley".

Letamendia opinó que el texto sólo puede pactarse con los socialistas no sólo porque sus votos "son necesarios", sino porque la normativa "no puede hacerse contra el 100% de los ayuntamientos". El alcalde de Ermua, Carlos Totorika, otro de los miembros de la comisión negociadora del PSE, destacó que la ley debe reforzar la autonomía municipal y eliminar la obligatoriedad de que los planes generales y parciales sean aprobados por las diputaciones.

Viviendas municipales

Una de las reclamaciones del PSE es instaurar la figura de las viviendas de protección municipales. Su planteamiento es que sean más caras que las de protección oficial tradicionales para así garantizar la viabilidad de las promociones. "Se pueden hacer operaciones con un 80% o un 100% de viviendas protegidas, pero para que cuadren los números algunas deben ser de protección municipal", explica Letamendia.

El PSE propone que, frente al 65% de pisos protegidos del proyecto de ley, haya un 75%, de las que un 50% serían las de protección tradicionales y un 25%, tasadas. Entre éstas, que podrían llegar al 10%, se incluirían las municipales.

Totorika instó al Gobierno a que retire el recurso judicial que ha prsentado contra el Ayuntamiento de Barakaldo por promover viviendas protegidas y negó que los municipios sean "especuladores de suelo". Madrazo declaró la pasada semana que la iniciativa de Barakaldo era "ilegal y abre las puertas a la especulación".

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