El Gobierno de Aznar declaró ambos proyectos de interés general

La Comunidad de Madrid no va a renunciar a los proyectos del cierre de la M-50 y la radial 1, pese al requerimiento del Gobierno central. Por eso, en el escrito de alegaciones que presentará a finales de febrero, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre va a empeñarse en acreditar que son de su competencia.

Fuentes de los servicios jurídicos del Gobierno regional explicaron que la base de su argumentación irá dirigida a demostrar que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha perdido sus opciones. "El Estado [en tiempos del Gobierno del ex presidente, José María Aznar] declaró las carreteras de interés general. Pero derogó el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) y decayó su declaración", aseguraron. "Se declara de interés general porque se va a hacer una obra. Pero si no la va a realizar, no la puede asumir como propia", agregaron.

Sin embargo, una portavoz de la Vicepresidencia del Gobierno replicó que echar atrás un PEIT no puede implicar que se deroga un real decreto, porque es una norma superior. La portavoz se refería a que fue un real decreto el que decidió que las dos vías fueran de interés general y luego se incluyeron en un PEIT, sustituido por el nuevo Gobierno central. "Sólo un decreto puede derogar a otro. Una cosa es que sea presentado un nuevo plan y otra diferente es que sea derogado el decreto. No parece razonable que un PEIT lo derogue", dijo.

Diferentes itinerarios

Según las fuentes jurídicas regionales, otra baza que tiene la Comunidad es el hecho de que el itinerario de la radial 1 cuando fue declarada de interés general no es el mismo que proyecta el Gobierno regional. "Nos tendrán que acreditar la coincidencia de itinerarios para poder retirarnos la competencia, pero no van a poder hacerlo", recalcaron las fuentes.

La radial de peaje proyectada por el Ministerio de Fomento no contemplaba una conexión con el aeropuerto de Barajas y finalizaba en Santo Tomé del Puerto (Segovia), según la consejera de Transportes e Infraestructuras, María Dolores de Cospedal, que en menos de un mes adjudicará las obras.

Las fuentes jurídicas consultadas sostienen que, en el caso de que haya conflicto de competencias ante el Constitucional, para que se paralicen los proyectos de las dos vías deberá solicitarlo expresamente el Gobierno central. "Y demostrar que los daños que causaría la continuación del proyecto son irreparables", agregaron.

Pero la portavoz de la Vicepresidencia del Gobierno central lo negó. Según ella, al plantear el conflicto se suspenderá automáticamente la ejecución: "En todo caso, llegados a este punto el Constitucional debe pronunciarse en cinco meses".