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Tribuna:

La falsa promesa de la pensión privada

Una de las afirmaciones más extrañas que se han hecho en los debates sobre la Seguridad Social es que los programas de pensiones de prestaciones definidas y financiación pública (como el sistema de Seguridad Social estadounidense) están desfasados. El razonamiento es que estos programas estaban bien para la economía industrial de la Gran Depresión y para la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero se han quedado obsoletos en la actual economía posindustrial, de alta tecnología e interconectada. Los partidarios de este argumento proponen un modelo distinto. Al igual que hoy las empresas prefieren contribuir a las pensiones de los trabajadores haciendo aportaciones en las cuentas privadas de sus empleados, también los Gobiernos de hoy deberían ofrecer (o exigir) contribuciones a cuentas privadas. El valor de estas cuentas fluctuaría con el mercado en lugar de garantizar una cantidad determinada de recursos disponibles tras la jubilación.

Si hay un servicio económico que los ciudadanos valoran y que sólo el Estado puede proporcionar, entonces el Estado debe proporcionarlo

Este argumento es extraño porque interpreta al revés la economía de la situación. Si hay muchas empresas que ofrecen a los trabajadores pensiones de jubilación de prestaciones definidas a largo plazo, tiene menos ventajas que el Estado establezca un plan paralelo de prestaciones definidas y exija a los trabajadores que participen en él. Al fin y al cabo, en un mundo así, los trabajadores que dan gran valor a la pensión de prestaciones definidas pueden buscar trabajo en las empresas que ofrecen dichas pensiones. Las principales ventajas que derivan de que el Estado exija que los trabajadores también participen en un sistema nacional de Seguridad Social corresponden a aquellos trabajadores que realmente deberían valorar mucho una pensión de prestaciones definidas, pero no han sido capaces de determinar cuáles son sus verdaderas preferencias; o a trabajadores relativamente pobres que carecen de la capacidad de negociación para inducir a sus jefes a ofrecerles las pensiones que quieren y necesitan.

Pero es que en la actualidad no hay muchas empresas dispuestas a ofrecer planes de pensiones de prestaciones definidas a largo plazo. Las empresas son hoy mucho más conscientes de su fragilidad a largo plazo de lo que lo eran en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Las empresas que ofrecían las pensiones de prestaciones definidas solían compensar el riesgo que éstas suponían con dos ventajas. En primer lugar, el hecho de que el dejar la empresa significara por lo general hacer efectiva la pensión con un descuento aumentaba la lealtad del trabajador.

Segundo, las suposiciones optimistas efectuadas por contables complacientes sobre los rendimientos de las reservas para pensiones, junto con la mayor capacidad de las grandes empresas para asumir riesgos, mejoraban la imagen que las empresas podían transmitir a los inversores. Hoy se perciben muchos más riesgos y menos beneficios, y, en consecuencia, cada vez menos empresarios ofrecen nada que se parezca a las pensiones de prestaciones definidas.

Históricamente, la diferencia entre los rendimientos esperados de activos de bajo riesgo, como los bonos del Estado o los bonos de primera calidad, y activos de alto riesgo, como las acciones bursátiles y la inversión inmobiliaria, ha sido y es muy elevada. En cierta medida, sostienen economistas como Robert Barro y matemáticos como Benoit Mandelbrot, ambos de Harvard, esto puede deberse a que las inversiones de alto riesgo son en realidad más arriesgadas de lo que las teorías y las matemáticas de las técnicas financieras estándar dan a entender.

Los trabajadores y otros propietarios de activos valoran en exceso la seguridad y lo predecible, de forma que un plan de pensiones de prestaciones definidas es extremadamente valioso. Pero en el mundo actual sólo las administraciones públicas nacionales tienen tamaño suficiente para poder hacerlo con alguna garantía de que los activos de pensiones estarán verdaderamente ahí cuando los trabajadores se jubilen. Soy suficientemente socialdemócrata como para creer que si hay un servicio económico o una prestación que los ciudadanos valoran y que sólo el Estado puede proporcionar, entonces el Estado debería proporcionarla.

Ahora que las empresas privadas se están retirando de los programas de prestaciones definidas, es incluso más importante y valioso que en el pasado que lo haga el Estado.

J. Bradford DeLong es catedrático de Economía en la Universidad de California en Berkeley y ex subsecretario del Tesoro durante la administración de Clinton.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 29 de enero de 2006