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Análisis:ANÁLISIS
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Mesas petitorias

EL ACUERDO ALCANZADO la semana pasada entre el Gobierno y CiU para enmendar el texto del nuevo Estatuto catalán desató una histérica crisis en el seno del PP, que estuvo a punto de hacer saltar por la borda a su presidente regional en Cataluña, Josep Piqué, víctima de un sañudo ataque de su secretario general, Ángel Acebes. Todo hace suponer que los populares no habían previsto otro desenlace a la situación que no fuese la retirada de la propuesta a iniciativa de los partidos nacionalistas o la capitulación del PSOE -rehén parlamentario de ERC- ante los aspectos inconstitucionales, confederales e insolidarios de la propuesta original. Pero el espectacular giro dado a las negociaciones estatutarias hace ocho días no sólo afecta a los contenidos del articulado, sino también a los perfiles sociales e ideológicos de los apoyos electorales: el apretón de manos entre Zapatero y Mas evoca el pacto de 1996 firmado por Aznar y Pujol en el hotel Majestic que dio la investidura presidencial al candidato popular y selló la alianza entre PP y CiU.

El PP quiere lanzar una campaña de recogida de millones de firmas para forzar la celebración en toda España de un 'referéndum consultivo' conectado al debate sobre el Estatuto de Cataluña

Los asistentes a la primera comparecencia de Rajoy tras conocerse el acuerdo PSOE-CiU se desayunaron con una lunática iniciativa situada extramuros de la Constitución: la tentativa de obligar al Gobierno de Zapatero a convocar un referéndum consultivo en toda España sobre el Estatuto de Cataluña mediante una proposición de ley puesta en marcha por el PP a través de los mecanismos -al menos 500.00 firmas acreditadas- de la iniciativa popular. Rajoy despacharía luego con la displicencia de un inflado pavo real las fundamentadas críticas del portavoz socialista: Rubalcaba no podría opinar porque es sólo doctor en Ciencias Químicas. ¿Cómo disculpar, entonces, el monumental patinazo de Rajoy, un engreído mascarón de proa que fustiga con petulancia desde la tribuna a todo bicho viviente alardeando de su cultura jurídica, preclara inteligencia y sabiduría constitucional?

La metedura de pata de Rajoy fue tan colosal -para utilizar un adjetivo muy de su gusto- que el PP no tuvo más remedio que rectificar los términos de la irreflexiva sugerencia inicial: los artículos 87.3 y 92 de la Constitución no dejaban dudas sobre la extravagancia de su invento jurídico. La versión revisada de esa fórmula arbitrista mantiene la exigencia del referéndum, pero sustituye la iniciativa popular por una proposición no de ley escoltada con "millones de firmas" recogidas a través de mesas petitorias al estilo de las de las cuestaciones caritativas. Rajoy también quiere reinstaurar el recurso previo de inconstitucionalidad derogado en 1985 a causa de la utilización obstruccionista y torticera que el Grupo Popular hizo de ese delicado instrumento durante la primera legislatura de Felipe González. El objetivo de esa maniobra es tratar de boicotear la celebración en Cataluña del referéndum de ratificación popular -de cuyo resultado positivo dependería la promulgación del Estatuto como ley orgánica- antes de que el Constitucional resuelva el eventual recurso contra el texto presentado por el PP. Dejando a un lado el debate sobre la inconveniencia de esa resurrección, la propuesta de Rajoy es puramente diversionista: el PP no tiene la mayoría parlamentaria necesaria para conseguir el milagro.

En cualquier caso, la doble iniciativa de los populares constituye un oblicuo ataque a la democracia representativa y a la dignidad de las instituciones parlamentarias, entroncado con la tradición de la democracia plebiscitaria que Fraga practicó como ministro de Franco y defendió luego como ponente de la Constitución. Cabría tal vez jugar con la posibilidad de que la pregunta ideada por el PP para su referéndum ("¿Considera conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos, obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?") obtuviese el segundo premio en un imaginario concurso de hueras cuestiones retóricas, tal y como concluye el conocido chiste sobre galardones a la estupidez. Pero el envenenado propósito de hurtar al Parlamento el legítimo debate sobre el Estatuto con el propósito de avivar las bajas pasiones territoriales fuera y dentro de Cataluña no invita a gastar bromas.

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