La Junta regulará con contratos laborales los dos últimos años de las becas de doctorado

La Junta regulará con contratos los dos últimos años de beca de investigación para la formación de doctores en las universidades andaluzas. Los 320 alumnos que ahora están en su tercer y cuarto año de doctorando serán los primeros beneficiados. La Consejería de Innovación dará el dinero a sus centros para que estos les contraten durante los dos años que les faltaban para concluir la beca. Los investigadores pasarán a cobrar el doble de lo que recibían hasta ahora, además tendrán derecho a paro al término del contrato.

El salario previsto será el mismo que para un ayudante no-doctor en Andalucía, que en la actualidad ronda los 24.000 euros al año.

Al terminar la carrera, quien decidía quedarse en la universidad, ubicarse en un departamento e iniciar un proyecto de investigación pasando de la tesina a la tesis, se enfrentaba hasta ahora a cuatro años de formación becado con 13.200 euros al año. La decisión de la Junta hace que ese becario haya logrado su primer contrato laboral y a todos los efectos se asimile a un trabajador por cuenta ajena, con derecho al paro y a la Seguridad Social. Andalucía es la primera comunidad española que sigue las directrices de la Unión Europea que proyectó un mercado laboral europeo en el que los Estados deben apostar por la investigación, incentivando los doctorados "para que los financiadores mejoren los métodos de contratación de personal".

El 11 de marzo del pasado año la Comisión Europea redactó la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores cuyo objetivo primordial era garantizar que todos los investigadores europeos gozasen de los mismos derechos y deberes. Con esa idea se promulgaron 13 principios o recomendaciones dirigidas a los 25 Estados miembros de la UE. Alemania, Italia, Lituania y los países nórdicos adoptaron esos principios, que suponían una mayor implicación de los gobiernos en la investigación universitaria. España quedó al margen. La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, no vio viable el esquema que llegaba de Europa y lo descartó en una conferencia el pasado 29 de noviembre. Para entonces la Junta de Andalucía ya había resuelto llevar a cabo la fórmula de hacer contrato a los becarios que se formaban como doctores en la universidad o en centros de investigación. Fue aprobada ese mismo mes y se publicó en el Boletín Oficial de la Junta el pasado diciembre. La Orden tenía carácter retroactivo para todos aquellos investigadores cuyas becas hubieran sido aprobadas en las convocatorias de ayudas de 2002, 2003, 2004 y 2005.

Los 320 becarios andaluces que tienen en perspectiva convertir su trabajo en una tesis conocen la fórmula de la Junta con el sobrenombre del "2+2". La Consejería ha destinado para ellos más de tres millones de euros por año -un incremento de 10.463 euros brutos anuales para cada uno-, además de las ayudas que ya se registraban en el sistema de beca anterior.